Esto, ante el rechazo a las prácticas ilegales al interior del Legislativo expresado por los asambleístas mediante resolución. El martes se aprobó con 74 votos los mecanismos establecidos en la Ley.
El Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y la Dirección General de Inteligencia de la Policía realizaron un barrido electrónico para detectar dispositivos que podrían registrar audio o video no autorizados.
Pablo Dávila, Jefe de la Escolta Legislativa, explicó que los registros de explosivos ha sido una práctica constante realizada dos horas antes de las sesiones, no obstante este miércoles se implementó el barrido electrónico que contempla una inspección íntegra y exhaustiva de las áreas en las que se ubican los legisladores.
Según la resolución aprobada el lunes, los legisladores condenaron las prácticas ilegales (escuchas y grabaciones) al interior de la primera Función del Estado. El documento señala que estas «vulneran el derecho a la intimidad y atentan contra la institucionalidad del país, así como de sus representantes».
Detalla que las autoridades competentes deberán realizar una investigación exhaustiva, a fin de identificar a los autores intelectuales y materiales del hecho.
Fuente: El Telégrafo – Nota original: LINK
