Las propuestas se construyeron para evitar la dispersión político-partidaria que provocó la inscripción, en el organismo, de 278 organizaciones políticas, además de la presentación de 81.278 candidatos a las diferentes dignidades que participaron en los comicios del 24 de marzo.
Esta dispersión de partidos y postulantes provocó que candidatos obtengan triunfos con poco porcentaje de votos, como por ejemplo en Quito, donde el ganador a la Alcaldía obtuvo el 22% de sufragios.
Por eso, el enfoque de las reformas se centra en los requisitos para aprobar una organización política. Por ejemplo, el proyecto señala que antes de presentar candidatos los movimientos deberán acreditar por lo menos 2 años de trabajo en capacitación a sus militantes.
El objetivo es fortalecer a los partidos, así como a sus miembros; por eso y de la misma manera, los candidatos tendrán que acreditar dos años de militancia.
El consejero Luis Verdesoto indicó que las reformas incluyen nuevos mecanismos de financiamiento público y privado.
Para esto se añadirá la figura de un fedatario electoral, para cada partido, quien será designado por el Consejo de la Judicatura de una terna enviada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Fuente: El Telégrafo, nota original: LINK
