Este trabajo lo hizo la Secretaría Anticorrupción del Consejo de Participación Transitorio, que presentó los informes sobre el Poliducto Pascuales-Cuenca, el proyecto Toachi-Pilatón, Escuelas del Milenio y la construcción de cuatro hospitales.
En la revisión se detectó que uno los hilos conductores en la mayoría de casos, fue la promulgación de decretos ejecutivos que declararon a estos sectores en emergencia. Uno de los investigadores aseguró que para permitir el flujo directo de recursos económicos para las citadas obras, el expresidente Rafael Correa emitió tres decretos de emergencia en el sector educativo, encaminados a la construcción de escuelas del milenio.
También firmó otros siete con el objetivo de agilizar la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca y 12 sobre la Refinería del Pacífico. Además, los informes indican que los decretos posibilitaron el cometimiento de delitos como enriquecimiento ilícito, peculado y asociación ilícita.
Los análisis evidenciaron que en las tramas están implicados, además del exmandatario, alrededor de 30 funcionarios de su gobierno. Por eso, el Consejo de Participación encontró que las obras del poliducto Pascuales-Cuenca, fueron mal ejecutadas y administradas, lo que vulneró el sistema económico y legal, causando graves perjuicios al Estado.
Este proyecto, hasta la fecha, no se entrega formalmente, a pesar de que se superó en más del 100% el valor presupuestado al inicio. Según la fiscalizadora Egis International, la obra construida por Odebrecht se presupuestó en USD 547’071.713.
Pero los pagos registrados al 1 de diciembre de 2018, incluido tubería y proceso de expropiación de tierras, ascienden a USD 653’542.946,34; a este valor hay que sumar los USD 48 millones asignados por la actual declaratoria de emergencia del poliducto debido a fallas estructurales.
En el caso de la ejecución del proyecto Hidroeléctrico Toachi-Pilatón existe una pérdida de aproximadamente USD 3,6 millones mensuales, por el incumplimiento de los contratos y la finalización del proceso de construcción. Además en esta obra se usaron USD 250 millones de fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), lo cual está prohibido por la Constitución.
En la investigación sobre las construcción de Unidades Educativas del Milenio se detectó que se desviaron fondos a través de contrataciones directas millonarias. Esto incrementó los costos en las edificaciones que fluctuaron entre el 7,82% y el 102,53%.
El cuarto reporte señala irregularidades cometidas en el sector de la Salud, específicamente en la alteración del presupuesto y cambios en partidas presupuestarias sin justificativos en la construcción de cuatro hospitales de hasta el 30% de su valor original. Una de las empresas que intervino en estos proyectos fue CAMC ENGINEERING CO. LTD de China, la que además fue contratada para ejecutar 17 obras públicas, por un valor total que asciende a USD 745’134.586.
El Consejo de Participación Transitorio asegura que la compañía estaba en la lista de firmas y personas naturales inhabilitadas para la adjudicación de contratos financiados por el Banco Mundial (BM).
Su inclusión ocurrió, según el BM, por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción. La secretaria Técnica Anticorrupción, Marcela Estrella, señaló que todos los indicios los entregarán la próxima semana a la Fiscalía General del Estado para que inicie las indagaciones penales correspondientes y determine a los autores de los presuntos perjuicios al país.
Fuente: El Telégrafo – Nota original: LINK
