A tres años del terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter que sacudió Ecuador y destruyó importantes zonas de Manabí y Esmeraldas, el manejo de recursos de la reconstrucción ha merecido 76 acciones de control de la Contraloría General, en cuatro entes del Estado implicados en el tema. Las conclusiones que constan en el informe de uno de los últimos exámenes de Contraloría no descartan indicios de responsabilidad penal.
Las entidades del Estado auditadas desde abril de 2016 hasta diciembre de 2017 son: Vicepresidencia de la República, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), Ministerio de Finanzas y Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
En cuanto a la Vicepresidencia, se identificó que la entrega de bienes y servicios contratados no se realizó a tiempo; los productos adquiridos no se almacenaron correctamente, lo cual hizo que se descompongan y no lleguen a los afectados; y se detectaron contrataciones por $ 406.831 que no fueron debidamente justificadas.
El Miduvi desembolsó anticipos por $ 4’213.431 para la construcción de viviendas, pero un año después las 650 soluciones habitacionales aún no eran entregadas. Del Ministerio de Finanzas se señala que transfirió $ 120 millones de la Cuenta Ley de Solidaridad a la Cuenta Corriente Única y $ 74’994.000 que debían destinarse a mitigar los efectos del terremoto fueron utilizados en certificados de tesorería. Otra entidad auditada fue el MIES.
Contraloría detectó entrega de Bonos de Acogida, Alquiler y Alimentación, Bono Emergente para la Atención Humanitaria y Bono de Reinserción Económica y Social a personas que no cumplían las condiciones para recibirlo. El perjuicio llega a $ 9’171.200.
Fuente: El Telégrafo, nota original: LINK
