El primero fue remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores, el pasado viernes 5 de diciembre de 2019, con el propósito de que se defina el procedimiento a seguir en caso de revisar o retirar su estatus de asilado.
Carlos Poveda, quien integra el equipo jurídico del hacker australiano, adujo que eso no está determinado en el protocolo que desde octubre pasado regula la permanencia de Assange en la representación diplomática. Por eso, dijo, esperan que la Cancillería responda: “¿Cuál es el camino para sancionar?¿Cuál es el procedimiento?¿Quién presenta la denuncia?¿Cuántos días tenemos para defendernos?¿en qué tiempo emiten la resolución?¿Ante quién apelamos?”.
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El el canciller José Valencia, manifestó esta lunes que todavía no analiza el contenido de esa carta. “No le podría este rato anticipar cuál va a ser el sentido de la respuesta porque tendremos que analizar el contenido”, dijo en una rueda de prensa.
Valencia sostuvo que todas las situaciones que se han presentado en relación a Assange “están debidamente documentadas” por la Embajada e insistió en que no emitirá un juicio al respecto “porque eso sería, de alguna manera, adelantar cualquier decisión que se tome”. “Ecuador va a actuar siempre con ponderación, apegado al derecho. Seguiremos lo que nosotros creemos que son los procedimientos aplicables a esta circunstancia y desde ese punto de vista no tenemos un comentario específico más que hacer al respecto”, remarcó.
Un comunicado divulgado el viernes pasado por la Cancillería apunta que se “aplicará al caso del señor Assange las relevantes disposiciones del derecho internacional, en especial las convenciones interamericanas sobre asilo diplomático de 1928 y 1954, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el Protocolo Especial de octubre de 2018”.
Agrega que, “de acuerdo a esa normativa, el señor Assange tiene derechos pero también obligaciones que acatar y cuyo respeto le será exigido en todo momento: ninguna persona bajo jurisdicción del Ecuador se encuentra por encima de la Ley”.
Por otra parte, Poveda también confirmó el envío de una comunicación a la Asamblea sobre una resolución aprobada, el 28 de marzo pasado, en la que esta Función del Estado pide a la Cancillería determinar la participación de Assange en una violación a las comunicaciones del presidente, Lenín Moreno.
“El equipo jurídico del sr Assange, coordinado por Baltasar Garzón, expone con respeto ante la Asamblea que tanto su patrocinado, Julian Assange, como los responsables de su defensa están a disposición del órgano de representación popular para comparecer, con las debidas garantías de inmunidad, para informar y responder ante los hechos acaecidos recientemente, en los que el sr Assange no tiene responsabilidad alguna”, indica el documento.
Sin embargo, agrega, “dicha comparecencia ante la Asamblea para facilitar toda la información requerida por el poder legislativo no puede ni debe influir, en ningún caso, en la situación de asilo conferida por el Gobierno ecuatoriano”.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
