También se pedirá a la Contraloría General del Estado que realice un análisis del patrimonio de Benítez.
En un comunicado, el Ministerio Público recalcó que el pedido para que se detenga a Patiño se hizo el pasado 13 de abril, en base a unas declaraciones realizadas por el exfuncionario del gobierno de Rafael Correa, en la la cadena internacional CNN.
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Allí señaló: «Hay tanta ilegalidad, tanto abuso del derecho que yo sí tengo que pensar seriamente si me quedo en el país«. «Pese a haber cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 532 del COIP, la medida no fue aceptada por la jueza Benítez, decisión que ha traído como consecuencia que el procesado haya abandonado el territorio nacional por vía terrestre la noche de este miércoles 17 de abril», dice el comunicado.
La fiscal general Diana Salazar cuestionó la actuación de la jueza y señaló que «el deber de todos los operadores de justicia es velar para que no exista más impunidad en el país».
«Realizaré todas las acciones que en derecho me asistan para no permitir más impunidad ni dejar que los casos se pierdan en el tiempo por la irresponsabilidad de unos pocos funcionarios que no quieren que el país cambie«.
De allí que anunció que solicitará a los organismos encargados de control que revisen las actuaciones de la jueza Benítez y verifiquen su patrimonio. En Latacunga se realiza desde las 12:30 la audiencia de formulación de cargos en contra de Patiño, por su presunta participación en el delito de instigación.
Ello, luego que se desechara esta mañana la acción de protección que presentara el excanciller. Sobre la salida de Patiño del país, todavía no hay un pronunciamiento del Ministerio del Interior. El caso se remonta a octubre de 2018 cuando la Fiscalía de Cotopaxi abrió una investigación previa a Patiño, a raíz de una denuncia presentada por el abogado Juan Carlos Machuca.
En esa denuncia se acusa al exfuncionario de haber violado la ley, cuando en una convención de su movimiento político afín a Correa (Revolución Ciudadana) el año pasado, habría incitado a sus seguidores a pasar a una acción combativa contra las instituciones públicas. Patiño habría dicho textualmente durante la IV Convención Nacional del movimiento en Latacunga, «cambiamos la estrategia de resistencia pasiva y organizada a la resistencia combativa. Tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos».
El denunciante asegura que lo que Patiño califica de «resistencia combativa» es un llamamiento a sus simpatizantes a actuar en contra del Gobierno del presidente ecuatoriano.
El delito de instigación está tipificado en el artículo 363 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y se sanciona con prisión de seis meses a dos años.
Fuente: El Telégrafo – Nota original: LINK
