El grupo fue capturado el 17 de febrero pasado, precisamente cuando realizaba esa tarea. Según las investigaciones, los 11 agentes y otras 15 personas procesadas permitieron que un automotor cargado con armas, droga, licores, celulares y electrodomésticos ingresara ilegalmente a la Penitenciaría.
Este Diario habló con los comandantes de Guayaquil, quienes confirmaron que los uniformados comenzaron a trabajar en sus puestos apenas recuperaron su libertad. ¿Por qué no les reubicaron en otras plazas hasta que la investigación termine? La respuesta de la Policía es que “aún no hay una sentencia que los declare culpables”. Pero en la Dirección de Rehabilitación hay malestar.
El subsecretario de esta dependencia, Julio Ballesteros, aseguró que el retorno de los gendarmes a los exteriores de la prisión “vulnera la seguridad”, pues “los filtros de ingreso se vuelven permeables y existe la posibilidad que cometan nuevamente el mismo ilícito”. Ballesteros se reunió ayer con Ernesto Pazmiño, director de Rehabilitación, y elaboraron un oficio para el Consejo de la Judicatura.
En el documento se expone el malestar por la decisión judicial de dejar libres a los 11 y se explica que ese fallo “afecta a la transparencia del sistema penitenciario”. Una vez aprobado, este pronunciamiento será entregado en la Judicatura la próxima semana.
En la audiencia para obtener la libertad, la defensa de los policías demostró que sus clientes tienen hijos menores que estudian, que tienen trabajo, un domicilio y familia que vive en la ciudad. Además, se basó en el artículo 536 del Código Penal. Esa norma permite sustituir la prisión si el delito no supera los cinco años de cárcel.
Las indagaciones continúan un mes y en este tiempo, los uniformados deberán presentarse cada lunes ante el fiscal Walter Romero. Los jefes policiales dijeron que el personal tiene permiso de ausentarse de sus puestos de trabajo, para cumplir con esta obligación judicial. Los gendarmes son indagados por el delito de asociación ilícita.
Según el Código Integral Penal (art. 370), esa figura es sancionada con cárcel de tres a cinco años. El penalista Gonzalo Silva advirtió que es un error que los procesados vuelvan al lugar en donde se habría cometido la falta. “Esta decisión podría afectar a la investigación, porque se pueden eliminar las evidencias que ayuden a sustentar el delito”.
Según Ballesteros, no es la primera vez que policías o agentes penitenciarios procesados por ingresar objetos prohibidos a las cárceles regresan a sus puestos.
Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK
