Así lo confirmó este domingo (28 de abril) uno de los abogados que integra la defensa legal del australiano, que no dio más detalles acerca del contenido del escrito de denuncia.
La decisión sigue a informaciones aparecidas en medios españoles que indican que la Policía de ese país investiga si una agencia de comunicación española está detrás de la venta de unos vídeos grabados a Assange durante su estancia como asilado en la Embajada ecuatoriana en Londres.
El propio activista australiano denunció ante la Audiencia Nacional de España a cuatro individuos de nacionalidad española, de los que ha trascendido que tres de ellos son oriundos de la provincia de Alicante (sureste), así como a la compañía de seguridad ecuatoriana Promsecurity, que estaría involucrada en los hechos.
De acuerdo con medios españoles, esa empresa -que se presume estaba a cargo de la seguridad en la sede diplomática ecuatoriana- habría extorsionado al fundador de WikiLeaks y solicitado 3 millones de euros (unos USD 3,3 millones) a cambio de no difundir imágenes contenidas en esas cintas.
Interpelada la Cancillería ecuatoriana, una portavoz indicó que ese ministerio «no se va a pronunciar al respecto». Assange estaba refugiado en la embajada de Ecuador en la capital británica desde junio de 2012 para evitar su extradición a Suecia, que por entonces solicitaba su entrega por presuntos delitos sexuales.
Fuente: EFE, aliado estratégico de FMMUNDO
