Así lo afirmó la mañana de ayer el contralmirante César Pérez, director general de Logística de la institución, durante la ceremonia de destrucción de armas acopiadas entre abril de 2018 y mayo de 2019.
Indicó que la actual Ley de Control de Armas data de la década de 1980 y que si bien ha tenido modificaciones a través de los años, estas resultan insuficientes para combatir la comercialización y el porte ilegal.
“En estos momentos, la Comisión de Legislación Militar (Colemi) trabaja en una nueva propuesta de ley que esté más acorde a las necesidades actuales”, confirmó. Recordó que el país ha acogido una política de prohibición de importación de armas, lo cual es una tendencia en la región.
“La mayoría de países de Sudamérica tiene restricciones casi absolutas de importe y tenencia. Si se abre la importación, sería inconveniente para los intereses del Estado de tener manejo absoluto de la fuerza”.
Sobre el número de armas que actualmente se encuentran registradas en el país, dijo que la cifra alcanza las 147.000 unidades, de las cuales 87.000 están en poder de personas particulares.
Tras su discurso, se procedió a la destrucción de 5.387 armas de fuego (pistolas, revólveres, rifles, carabinas, escopetas, subametralladoras, ametralladoras y fusiles), 134 armas no letales y 45.175 accesorios.
Pérez indicó que esta cifra es la produ+cción de operativos policiales y militares, entregas voluntarias y cumplimiento de resoluciones judiciales.
El proceso de fundición se realizó en las instalaciones de Acerías Nacionales del Ecuador (Andec), en el sur de Guayaquil. El contralmirante recordó a la ciudadanía que para poseer armas se debe contar con los documentos habilitantes, que son expedidos únicamente por las Fuerzas Armadas.
Fuente: El Telégrafo, nota original: LINK
