El déficit fiscal subió en USD 500 millones el mes pasado. Es decir, los ingresos no fueron suficientes para cubrir todos los gastos públicos. Se trata de un salto importante si se considera que entre enero y junio la brecha acumulada era de solo USD 600 millones.
“El gasto es relativamente controlable hasta junio, pero luego se descontrola. Los segundos semestres de todos los años son períodos de fuertes gastos y eso es lo que se comenzó a ver en julio pasado”, dijo Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas.
El país acordó con el FMI bajar el déficit fiscal en este año. Para que la meta se cumpla, el hueco del presupuesto debería ser de solo USD 2 000 millones, pero Ortiz proyecta que este estará cerca de los 3 000 millones por dos factores.
Uno de ellos es la recaudación tributaria, que hasta julio casi no ha variado frente a igual mes del 2018, pese a que el Gobierno esperaba un aumento.
El precio del crudo mejoró este año, pero solo dejó ingresos de USD 1 052 millones, unos USD 700 millones por debajo de la meta hasta julio. Esto se debe a que el Estado tuvo que cubrir deudas, atrasos y subsidios a los combustibles.
El ministro de Economía, Richard Martínez, indicó el 23 de julio pasado, en una entrevista televisiva, que los procesos de ajuste tienen que hacerse de forma cuidadosa para preservar los servicios que benefician a la población más pobre, como son educación y salud.
Además, informó que hasta junio se cerraron 16 000 plazas de trabajo en el sector público que no eran eficientes. “Ese es el proceso que se seguirá haciendo, pero no puede ser desordenado o limitar el acceso de servicios a la población”.
El gasto en salarios evidencia una reducción de USD 80 millones, lo cual refleja un cambio en la tendencia en los últimos 10 años, cuando más bien venía creciendo.
Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, considera que hace falta voluntad política para reducir más la masa salarial. “También debe haber un ajuste en los gastos operativos del Estado, en bienes y servicios”.
Fuente: El Comercio, nota original: LINK