Tras iniciar con su testimonio, Laura Terán aseguró que en sus 25 años como servidora pública había cumplido con su trabajo a cabalidad y que ella simplemente acató las órdenes que recibió directamente de Pamela Martínez, exasesora de Presidencia en el Gobierno de Rafael Correa.
Así explicó que fue llevada para hacer un trabajo puntual de organización de hojas de vida de personas que podrían ser necesitadas para cargos en la presidencia y en otros ministerios.
En su versión, la procesada señaló que recibió la orden de crear una matriz para procesar todas estas hojas de vida que llegaban desde el despacho presidencial.
El objetivo era categorizar esos documentos para que el expresidente Correa pudiera contratar a voluntad. El archivo fue denominado “Hoja de vida del despacho presidencial”.
Ese mismo sistema de gestión habría usado posteriormente para registrar los ingresos y egresos de aportaciones voluntarias de funcionarios cercanos a Correa.
El dinero recolectado habría servido para realizar “actividades humanitarias”. Más tarde se creó un archivo con el nombre Fondo de Solidaridad (FS).
Este sirvió para revisar el esquema de aportaciones. De forma paralela, Pamela Martínez le habría dado la orden a Laura Terán de crear otra matriz para registrar otro proceso de aportaciones para campaña electoral de Correa en la Consulta Popular (2011).
Luego se crearon tres archivos más de las campañas seccionales. Además agregó que por disposición del expresidente Rafael Correa se estableció la estructura a cargo de Pamela M.
En la diligencia, Laura Terán ha dibujado un esquema con nombres de funcionarios y colaboradores inmersos en la trama. Como beneficiarios electorales menciona a Galo Mora, María de los Ángeles Duarte, Viviana Bonilla y Vinicio Alvarado.
En la lista de Otros beneficiarios señala a Alexis Mera, Doris Solís, Rommy Vallejo e Ítalo Centanaro.
Fuente: El Telégrafo, nota original: LINK
