La ausencia de las juezas, María del Carmen Espinoza y María Rosa Merchán, marcó este sábado 7 de septiembre, del inicio del proceso de evaluación oral de competencias que desarrolla el Consejo de la Judicatura a los 21 jueces y 15 conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Ambas jurisconsultas emitieron una carta en la que expresan su apego al derecho de resistencia estipulado en el art. 98 de la Constitución ecuatoriana y expresaron su rechazo al proceso evaluatorio por considerarlo atentatorio contra sus derechos.
Desde este sábado 7, hasta el martes 10 de septiembre de 2019, se realiza la fase de evaluación oral de competencias a las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Mire la información completa ➡️ https://t.co/mTHoX7ntwW pic.twitter.com/jhq4KMDIqj
— Consejo Judicatura (@CJudicaturaEc) September 7, 2019
En la misiva se indica que hubo cambios de último momento en los tiempos que tendrían los evaluados para sustentar los casos ante los miembros del comité que apoya el proceso de evaluación.
Según dichas juezas, pasó de 105 minutos a 65. Al respecto, la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, indicó que el reglamento de evaluación establece que ante casos no previstos (como el registrado por las juezas) es el pleno del organismo el que regulará sobre estos.
“Vamos a dejar la debida constancia para análisis del pleno”, sentenció. Por su parte el vocal de la Judicatura, Juan José Morillo, aclaró que dichas juezas no pueden recibir ninguna sanción porque son parte de un proceso de evaluación. “Lo que pierden son los 15 puntos que entrega esta fase del proceso”.
En la sustentación verbal que se desarrollará hasta el martes 10 de septiembre en el complejo judicial del norte de Quito, cada uno de los evaluados expone las razones por las que emitió la sentencia (previamente sorteada y que corresponde a su accionar entre 2014 y 2019).
Una vez concluida la defensa, los miembros del comité emiten un informe que establece la calidad de ese fallo y el mismo lo remiten al Consejo de la Judicatura que es el encargado de evaluar.
Víctor Granda, académico e integrante del comité que apoya la evaluación, aclaró que este proceso no es una revisión jurisprudencial. “Nuestro pronunciamiento es académico, de análisis de calidad de sentencias”.
Fuente: El Telégrafo – Nota Original: LINK
