La Fiscalía informó que el ciudadano William Edmundo D. cumplirá condena, por el supuesto delito de estafa masiva al ofrecer visas falsas para viajar a Estados Unidos.

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Muchas universidades y centros de enseñanza no retomarán las clases presenciales cuando comience el próximo curso lectivo en septiembre. Crédito: Imagen Referencial.

La tarde del miércoles 16 de octubre, la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron una orden de detención con fines investigativos y de allanamiento a su domicilio, ubicado en la ciudadela Nueva Kennedy, al norte de Guayaquil.

Cuatro ciudadanos indicaban que, tras haber pagado dineros que superaban los $ 2.000 dólares por persona, no les concedían el documento habilitante para poder viajar. En la audiencia de formulación de cargos, en la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Albán Borja, el fiscal de la Unidad de Patrimonio Ciudadano, Francisco Bodero, imputó al sospechoso por el presunto delito de estafa.

Bodero expuso en la diligencia varios elementos de convicción, como las denuncias presentadas por los perjudicados, el informe de las investigaciones de la Subdirección de Investigación de Delitos contra la Propiedad Brigada Anticriminal (Siprobac), el acta de evidencias con los pasaportes, el parte de aprehensión y la versión del detenido, en la que sostuvo que «solo ayudaba a hacer el trámite de visa, sin promesa de conseguirla».

La jueza de Garantías Penales, Gianella Noritz, consideró que la Fiscalía fundamentó “con suficientes elementos de convicción la materialidad de la infracción”, por lo que acogió la solicitud y dictó la prisión preventiva contra el procesado, con el fin de asegurar su permanencia en el país. Dispuso además noventa días para la etapa de instrucción fiscal, en la que los supuestos perjudicados darán sus versiones de los hechos.

El artículo 186, inciso tercero del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una sanción de siete a diez años de pena privativa de libertad para quien perjudique a más de dos personas o cuyo monto del perjuicio sea igual o mayor a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general.

Fuente: El Telégrafo – Nota Original: LINK