A pesar de que el 13 de octubre se logró un acuerdo con el movimiento indígena para levantar el paro, las seguridades no se retiraron del Palacio de Carondelet.
En estos días, el predio mantuvo un fuerte cerco de seguridad, los balcones fueron bloqueados y aún se observaba a militares con fusiles custodiando el ingreso.
Aunque inicialmente el Gobierno planteó que el estado de excepción durara 60 días, la Corte Constitucional (CC) autorizó que el plazo sea solo de un mes.
Durante este periodo, el presidente Moreno firmó otros 26 Decretos Ejecutivos.
De ellos, al menos 14 tuvieron relación con la crisis social que afectó al país.
Con la finalización del estado de excepción, Quito volverá a ser la sede del Gobierno. Moreno decidió trasladar esta atribución a Guayaquil, en la víspera del arribo de la marcha indígena a la capital.
Además, durante este lapso, el Ejecutivo -a través de la Secretaría de Comunicación- implementó un mecanismo de difusión de mensajes oficiales.
Tras la crisis, el Presidente dio más funciones a José Agusto, secretario general. El Mandatario reorganizó la institucionalidad de la Presidencia.
Ahora, Agusto coordinará directamente la gestión gubernamental con el sector público y privado, sin pasar por el Gabinete.
Agusto es el delegado del Gobierno en el proceso de diálogo con el movimiento indígena, que se logró con la mediación de la ONU y la Iglesia.
El jueves, él recibió la propuesta de modelo económico de parte del llamado Parlamento de los Pueblos.
Otro funcionario que ganó peso fue Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia.
Tras la reorganización, esa instancia liderada por Roldán se encargará de coordinar la gestión del Gabinete presidencial y de los seis gabinetes estratégicos.
Para mitigar la fractura social derivada del paro, Moreno instruyó a los gobernadores del país para que se reconcilien con las comunidades, sobre todo del sector rural.
Hasta el pasado jueves, según el Ejecutivo se concretaron 72 mesas de diálogo con diferentes sectores sociales y productivos.
Además, el jueves último Moreno creó la Consejería de Gobierno para Política Territorial, que estará presidida por Juan De Howitt Holguín.
En términos de colaboradores, tras el paro se aceptaron las renuncias del secretario del Agua, Humberto Cholango, y de la ministra de Inclusión (MIES), Berenice Cordero.
Esos cargos fueron ocupados, en su orden, por Marco Troya e Iván Granda, que dejó la Secretaría Anticorrupción para ponerse al frente del MIES.
La cúpula militar también tuvo cambios. Moreno designó a Luis Lara nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, dispuso que Luis Altamirano sea nombrado comandante general del Ejército.
Los generales reemplazaron a Roque Moreira y a Javier Pérez, respectivamente.
Según Moreno, los daños en equipamiento militar durante las protestas superan los USD 9 millones. El estado de excepción autorizó la movilización de los uniformados.
Se reportaron 255 militares retenidos y 80 resultaron heridos, según datos de la Presidencia.
Fuente: El Comercio- Nota Original : LINK
