La resintalación de la diligencia está definida para las 14:45.
Entre los sospechosos a quienes se les ha aplicado un procedimiento directo está el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Yofre Poma; el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez; el concejal de Lago Agrio, Víctor Burbano, y seis personas más que habrían participado de una manifestación que terminó en un ingreso violento en un pozo de Petroamazonas.
La diligencia está convocada para que únicamente el conjuez Jacho lea su sentencia de si son o no encontrados culpables todos los procesados a quienes la Fiscalía acusa en calidad de coautores.
En este caso la teoría de Fiscalía señala que los manifestantes obligaron a dos técnicos petroleros a paralizar el paso de crudo que va por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote). A decir de la Empresa Pública Petroecuador, la paralización de más de dos horas del Sote produjo una pérdida al país de USD 1.7 millones.
El martes 29 de octubre último y luego de completar cuatro días de audiencia, el conjuez Jacho suspendió el proceso de juzgamiento para ingresar en una etapa de deliberación. Hasta ese momento ya se había escuchado los alegatos de apertura y cierre de las partes y además se ya había evacuado la prueba testimonial, pericial y documental de los nueve procesados, la Fiscalía y de la Petroecuador, que es la acusadora particular en este caso.
Además de Poma, Chávez y Burbano, por el delito de paralización de un servicio público considerado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con una pena de uno a tres años de cárcel, están siendo procesados José Gómez, director de Comunicación del Gobierno Provincial de Sucumbíos; Jenny Rodríguez, presidenta de la Asociación de Empleados Públicos de Sucumbíos; el dirigente Roberto Pachacama, Vinicio Chacha, Antonio Villamil y Darío Torres.
Fuente: El Universo, nota original aquí: LINK
