Assange, que se encuentra detenido en Londres a la espera de que se decida sobre su extradición a Estados Unidos, se desplazará a la Corte de Westminster para escuchar las preguntas que el magistrado le hará por videoconferencia en la Audiencia Nacional.
El interrogatorio se produce en el marco de la investigación a la empresa española Undercover Global -responsable de la seguridad privada de la embajada de Ecuador en Londres-, por su participación en esa presunta trama de espionaje.
Assange ratifica ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el presunto espionaje que sufrió en la Embajada de Ecuador en Londres que fue grabado y escuchado sin su autorización en una operación «eventualmente coordinada por Estados Unidos»https://t.co/myi1on0M8X
— EFE Noticias (@EFEnoticias) December 20, 2019
Tras su detención el pasado abril, su defensa, que coordina el exjuez Baltasar Garzón, se querelló por estos hechos en Ecuador y España.
En agosto, De la Mata admitió a trámite una de esas querellas y en septiembre llegó a ordenar la detención del propietario de Undercover, David Morales, en Jerez de la Frontera (sur de España), sede de la compañía.
Tras prestar declaración ante el juez, quedó en libertad con comparecencias periódicas en el juzgado y la prohibición de salir de España.
La querella, que ahora investiga De la Mata, relata los presuntos actos de espionaje que realizó esta empresa española supuestamente a petición de Estados Unidos, y que comprendieron a Assange y a las visitas que recibía en la sede diplomática, entre ellas la del congresista norteamericano Dana Rohrabacher.
Como ejemplo de hasta qué punto pudo llegar ese supuesto rastreo en la vida del fundador de WikiLeaks, la defensa denuncia que el propietario de Undercover llegó incluso a pedir al personal de su empresa que robara el pañal de un bebé que visitaba «regularmente a Assange».
El objetivo, según la querella, era hacer «una prueba de ADN con las heces del niño» para averiguar si era hijo de Assange, encargo que finalmente se frustró porque trabajadores de UC «alertaron a la madre para que el menor no volviera a la legación diplomática».
Esta empresa se hizo cargo de la seguridad en la embajada de Londres entre 2015 y mediados de 2018, periodo en el que Morales supuestamente «experimentó un incremento patrimonial notable», adquiriendo una nueva vivienda de «elevado valor» y «algunos coches de alta gama».
También pidió colocar un micrófono en un extintor de la sala de reuniones de la embajada y otro en el baño de señoras, en el que Assange «mantenía muchas de sus reuniones para garantizar la confidencialidad».
De este modo fueron captadas reuniones con sus abogados, así como otras visitas, médicas y de diversa índole, y también reuniones de los agentes diplomáticos entre ellos y con la diplomacia de terceros países.
Morales llegó incluso a conseguir tomar las huellas dactilares de Assange de un vaso, «sin conocerse el destino que se habría dado a esa información», además de recabar fotografías de visitantes de la embajada, de los que se llegó a fotocopiar sus documentos de identidad o se hicieron fotos a los dispositivos electrónicos que depositaban a la entrada.
El juez cree que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, así como de blanqueo de capitales.
Fuente: EFE
