El subdirector de la Corporación Participación Ciudadana, Simón Jaramillo, dijo que el espíritu de esta propuesta no sería el de cambiar el concepto de las declaraciones juramentadas, sino el buscar agilidad a través del internet.
Jaramillo explicó que el mecanismo consistiría en la habilitación de un portal, a través de la Contraloría, en el que constará el documento en línea que deberá ser llenado por el servidor público y, una vez enviado, pasaría a tener el mismo valor legal que tienen las escrituras ante notario público.
La objeción del Colegio de Notarios es que, eventualmente, puede generar dificultad a la ciudadanía para hacer seguimiento, porque en el proyecto no se establece si esas declaraciones, una vez que entran al sistema informático, van a poder ser vistas por los ciudadanos. Es decir, esos documentos podrían o no ser públicos, indicó.
Jaramillo señaló que en el artículo 14 del proyecto se establece que son documentos públicos, pero al mismo tiempo indica que la Contraloría no podrá entregar copias sin la petición del declarante o por orden judicial. Lo que sí está claro es que el documento impreso es el único que tiene valor jurídico dentro de un proceso legal.
