El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor central obrera de Ecuador, y la Cámara de Industrias y Producción (CIP) coincidieron este domingo 12 de abril en rechazar el plan anticrisis anunciado por el Gobierno en medio de la pandemia del coronavirus y que incluye contribuciones de asalariados y empresas, entre otras medidas.
Mientras el gremio de los sindicatos alienta que el plan gubernamental, al que consideran inconstitucional, no pase en el Parlamento, los industriales advirtieron que las medidas del Gobierno no solucionan el problema de liquidez en este periodo de cuarentena al que está sometido todo el país.
Medidas no alivian, según la CIP
La Cámara de Industrias y Producción, en un comunicado público difundido este domingo, aseguró que los ajustes anunciados por el Gobierno «no van en línea de aliviar los problemas urgentes que aquejan a la sociedad en su conjunto».
Las medidas, que fueron anunciadas por el presidente del país, Lenín Moreno, incluyen la fijación de una contribución del 5 % a las empresas que han obtenido ganancias superiores al millón de dólares al año.
Moreno anunció también que pedirá a empleados y trabajadores que ganen desde los USD 500, es decir cien dólares más que el salario básico (que se exceptuará del plan de aporte), que hagan aportes sobre la base de sus salarios durante los próximos nueve meses.
El mandatario justificó su anuncio al asegurar que Ecuador sufre una triple crisis, sanitaria, económica y social, agravada por la pandemia del COVID-19 (que ya deja más de 7 400 contagiados y 333 fallecidos en el país) y el desplome de los precios del petróleo.
Sin embargo, esas medidas, según el pronunciamiento de la CIP, no dan un «respiro» a la industria, pues «restan aún más la liquidez de las empresas y la capacidad de compra de la población ecuatoriana».
«Rechazamos enérgicamente el contenido de las medidas anunciadas, en lo que tiene relación con seguir succionando la liquidez de las empresas y de las personas trabajadoras», agregó.
Repensar urgentemente las medidas
La CIP demandó al Gobierno Central y a la Asamblea Nacional (Parlamento) «repensar urgentemente en la orientación y en el contenido de las medidas propuestas».
Para el gremio de industriales, «las reformas deben estar orientadas a otorgar herramientas que den respiro a la afectada cadena productiva» y a «preservar el empleo formal, fomentar la reactivación productiva y el consumo nacional».
«Solo incentivando la inversión productiva, aliviaremos la iliquidez», agregó la CIP, mientras el FUT alentó a que la propuesta del Gobierno no pase en el Legislativo por considerarla «inconstitucional».
Tristes medidas en medio de la emergencia, según sindicatos «Lo triste» de todo esto, aseguró a EFE el presidente del FUT, Mesías Tatamuez, es que el anuncio del Ejecutivo se ha producido en medio de un estado de excepción decretado por el coronavirus.
Para el líder sindical, el Gobierno se ha dejado «imponer» las exigencias de algunos sectores empresariales que buscan una reforma laboral que permita precarizar el empleo y justificar los despidos masivos.
Además, dijo que también hay exigencias de los organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional, para mantener los acuerdos crediticios con el país.
Tatamuez explicó que los sindicatos y otros sectores sociales han planteado que se deje de pagar la deuda externa y que ese ahorro sea encaminado a cubrir los costes de la crisis sanitaria y la recuperación económica y productiva del país.
«Primero hay que atender a los pueblos», sugirió el sindicalista, quien aspira a que las propuestas del Gobierno no sean aprobadas por el Parlamento, por considerarlas contrarias a la Constitución.
Indígenas también opuestos
También la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) ha rechazado las medidas del Gobierno, al que ha declarado en redes sociales como «incapaz de garantizar bienestar social y económico al pueblo».
La Conaie aseguró en un mensaje de Twitter que la propuesta del Ejecutivo es un «nuevo atraco al bolsillo de miles de trabajadores y sus familias, sumado a inestabilidad laboral y no pago de sueldos».
El «saqueo de fondos públicos es ya otra pandemia», que sufre el país, añadió el movimiento indígena.
Moreno: «A Ecuador lo sacamos todos»
El Gobierno, por su parte, ha justificado sus medidas y alentado a una pronta aprobación en el Legislativo, pues aseguró que busca paliar la crisis sanitaria, económica y social en el país, en la que todos los que puedan hacerlo deben aportar.
Moreno incluso aseguró hoy en su cuenta de Twitter que, además, ha «dispuesto reducir el 50% del ingreso mensual a presidente, vicepresidente, ministros y viceministros», para contribuir en la emergencia.
De la misma manera, según escribió en su cuenta de la red social, «lo harán todas las funciones del Estado», en especial el Parlamento, porque «a Ecuador lo sacamos todos».
Fuente: El Comercio-Nota Original: LINK
