Además del informe de mayoría del proyecto de Ley urgente de Apoyo Humanitario se presentaron dos informes más de minoría: Uno suscrito por los asambleístas Homero Castanier y Fernando Callejas, del bloque CREO, y el otro firmado por César Rohón (PSC) y Guillermo Celi (SUMA).
La diferencia entre ambos radica en que el informe del movimiento CREO plantea una tabla de contribuciones a partir de quienes ganen un sueldo neto de $4500, mientras el otro descarta cualquier posibilidad de contribución de parte de las personas naturales.
En cambio, el proyecto de mayoría suscrito por Alianza PAIS (AP), Revolución Ciudadana (RC), y la Bancada de Acción Democrática Independientes (BADI), propone que las contribuciones se apliquen desde los sueldos de $2500.
Todos estos recursos irán a crear una cuenta especial para atender situaciones de salud, alimentación e inclusive para reactivación productiva, afectados por la pandemia de coronavirus.
Al referirse a las contribuciones de las personas naturales, el informe del PSC y SUMA señala que frente a la situación catastrófica de miles de familias y la escalada constante de desempleo, no se puede permitir que se afecte de forma directa a la poca liquidez que tienen las personas, pues esos recursos sirven para alimentarse o comprar medicinas. Por eso consideran que cualquier medida que limite o, peor, termine con dicha liquidez carece de “humanidad, solidaridad, y es desconocer la realidad”.
Los dos informes de minoría coinciden al suprimir del proyecto la contribución de las empresas como lo plantea el informe de mayoría respecto al 5% de las utilidades generadas en el 2019, siempre que las ganancias hayan superado los $2,5 millones. En ninguna parte de sus informes se incluyen contribuciones desde este sector hacia la cuenta especial humanitaria.
Tampoco incluyen el artículo respecto al impuesto del 2% a los bienes de las sociedades y personas naturales domiciliadas en paraísos fiscales, que fue el planteamiento de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) y que facilitó la aprobación del informe de mayoría.
Los informes de minoría presentadas, por separado, no incluyen las disposiciones transitorias décimo primera y décimo quinta relacionadas al pago y acciones de cobro de las deudas tributarias firmes, donde se otorga al Servicio de Rentas Internas (SRI), por un año, competencias para ordenar el congelamiento de cuentas bancarias, arraigo, enajenar bienes e incluso prohibir la salida del país a quienes no paguen los impuestos en un plazo de 30 días, contados a partir de la entrada en vigencia la Ley.
Respecto a las medidas solidarias, los tres informes coinciden en algunos tramos del proyecto urgente como en las pensiones escolares privadas, suspensión de desahucio, aplazamiento en el pago de los servicios básicos y el no incremento de tarifas en este sector, facilidades de pago a la seguridad social, créditos productivos, reprogramación de cuotas de seguros, suspensión de matriculación vehicular, medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo, acuerdos laborales.
Los tres informes pasaron a conocimiento del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, y, según el procedimiento legislativo, luego de 48 horas de difusión entre los asambleístas se podrá convocar al pleno para su conocimiento y aprobación. El plazo para que el legislativo apruebe o niegue el proyecto urgente de Apoyo Humanitario vence el próximo 16 de mayo.
Fuente: El Universo – Nota Original: aquí
