El presidente Lenín Moreno tiene hasta el 15 de junio para manifestarse sobre la Ley de Apoyo Humanitario y la Ley de Finanzas Públicas. Los sectores productivos califican de positivo el proyecto legal, aunque creen que el texto aún puede mejorarse.
Un aspecto es que, argumentan los gremios, algunos temas de la nueva ley ya están contemplados en el Código del Trabajo, como la reducción de jornada y de vacaciones, pero con características distintas, lo cual podría generar contradicciones legales.
Gustavo Ruiz, titular de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi), observa una “contraposición” entre las dos normativas, ya que en esta última no habría claridad sobre ciertos derechos laborales.
“Esto puede llegar a tribunales constitucionales y la ley quedaría en la nada”, dijo Ruiz. Sin embargo, reconoce que la ley tiene puntos favorables, entre ellos la posibilidad de que empleadores y trabajadores lleguen a acuerdos de todo tipo.
“En las pequeñas y medianas empresas, los empleados están al tanto de lo que sucede financieramente con la compañía”, lo que facilitará los acuerdos. Desde el sector empresarial, se aprecia que las medidas laborales aportan a las condiciones actuales de la economía.
La Cámara de Comercio de Quito (CCQ) asegura que los artículos de trabajo son “positivos”. Los trabajadores también tienen observaciones. Un aspecto que inquieta a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Frente Popular (FP) y la Federación de Trabajadores Públicos y Privados (FTPP)es que los salarios de los trabajadores actuales bajarían hasta la mitad, ya que el horario de trabajo se podría reducir hasta el 50%.
Esta situación puede durar hasta cuatro años, aseguran. Una segunda preocupación es la posibilidad de firmar acuerdos entre empleadores y trabajadores para modificar las condiciones económicas.
En ese aspecto, la FTPP presentó opciones durante el tratamiento de la Ley en la Asamblea, pero no fueron recogidas. Una de ellas, por ejemplo, era que los acuerdos duren solo 12 meses y que se excluya de ellos a los trabajadores con 20 años de antigüedad en la empresa.
La Federación, así como la CUT, también sugirió que el contrato de emergencia sea de exclusivo uso si la empresa resultó afectada por la pandemia, y que se prohíba al empleador migrar contratos existentes a esta nueva modalidad.
A las organizaciones de trabajadores también les inquieta que en la nueva norma se faculte al empleador a notificar de forma unilateral el calendario de vacaciones, durante los próximos dos años.
Por ello, insisten en que pedirán veto total de las normas. En caso contrario, demandarán su inconstitucionalidad. Pero el tema laboral no es el único que genera observaciones.
La Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador (Fenecaptur) se pronunció en contra de la disposición transitoria vigésimo segunda que dispone a autoridades locales de Galápagos y del Gobierno establecer la conveniencia de activar los aeropuertos de las Islas Galápagos para vuelos internacionales, sin pasar por Quito y Guayaquil como es actualmente.
El sector turístico pide que en el veto se retire este aspecto. Holbach Muñetón, presidente de la Fenecaptur, asegura que se está exponiendo a las Islas, que tienen sistemas naturales sensibles, a riesgos sanitarios.
Además, advirtió que habrá un impacto negativo en el turismo continental. La Cámara de Comercio de Quito también presentó ayer observaciones a la Ley. Uno de esos temas tiene que ver con las facilidades de pago a la seguridad social.
La CCQ propone que se elimine del texto aquello de que la medida aplicará para las empresas que se mantuvieron cerradas durante el estado de excepción.
La Cámara indica que la pandemia afectó de distintas maneras, pese a que no todos los negocios cerraron. Sugiere dejar abierta esta facilidad a las empresas, en general, que no hayan podido realizar el pago de sus obligaciones con la seguridad social correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2020.
Otro punto que se pide excluir es la reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero. En este aspecto se anota que la norma dispone a la Junta que regule para las Instituciones Financieras y no Financieras que den crédito como reprogramar (diferir o reprogramar) el cobro de cuotas mensuales. Sin que se pague mora por el capital.
“Esto genera que muchos negocios que venden al por menor y a crédito se vean obligadas a recibir numerosas solicitudes y reprogramar con cada uno. Esto operativamente es complejo, y además financieramente con la previsible disminución en ventas es difícil de sostener”, apunta la carta.
La Ley de Finanzas Públicas, en cambio, genera posiciones favorables entre empresarios, pues señalan que pondrá un freno al incremento desmedido del gasto público, corrigiendo errores del pasado.
El Comité Empresarial Ecuatoriano destacó la aprobación de esta normativa. El texto plantea la posibilidad de poner techos presupuestarios a las entidades públicas, excepto de la seguridad social.
La normativa legal amplía esta capacidad incluso a los gobiernos autónomos descentralizados. La Ley también fija que el presupuesto del Estado no podrá incrementarse más allá de un 5% del texto aprobado por la Asamblea. Actualmente, se puede ampliar hasta en un 15%. Y, se crearán fondos de ahorro.
Fuente: El Comercio-Nota Original: LINK
