Luego de tres horas de sesión extraordinaria, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó una resolución unánime frente a cuatro casos investigados por supuestas irregularidades en contratos en compras de pruebas covid-19 e insumos de protección personal, transferencias de fondos de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) y un supuesto caso pedido de comisiones en la contratación.
La resolución empieza poniendo de manifiesto un compromiso del Concejo Metropolitano de Quito con la lucha contra la corrupción y condenar actos de corrupción en dependencias municipales.
Luego, resuelve solicitar a la Contraloría General del Estado que se realicen, de forma prioritaria, exámenes especiales de todos los procesos de contratación pública efectuados durante la emergencia sanitaria, especialmente en los casos que están en investigación en el sistema judicial.
Además, exhorta a la Fiscalía a investigar con celeridad las denuncias, priorizando los casos que lo ameriten y disponer a todas las secretarías, empresas y unidades municipales que en máximo ocho días después de notificada la resolución envíen al Concejo todos los expedientes relacionados con todos los procesos ordinarios, especiales y de emergencia entre el 1 de noviembre de 2019 y el 4 de junio de 2020, acompañados de la información preparatoria, precontractual y contractual de cada proceso.
Durante la sesión a la que asistieron virtualmente los 21 concejales y el alcalde Jorge Yunda, se habló extensamente sobre los casos relacionados con la Epmaps, Secretaría de Salud y el Centro de Atención Temporal Quito Solidario.
La proponente de la resolución fue la edil Luz Elena Coloma, quien subrayó que los funcionarios cuestionados y que ya no están en sus cargos eran de confianza del Burgomaestre y, al igual que otros concejales como Bernardo Abad, consideró que eso significa una responsabilidad política.
A su propuesta se sumó la del vicealcalde Santiago Guarderas y aportes de varios ediles durante sus intervenciones. Fernando Morales estuvo entre los que emitieron críticas más fuertes a las denuncias e incluso sugirió a Yunda dar un paso al costado, en el caso de que no se sienta capacitado para enfrentar la situación y responder a la ciudadanía.
Otros, como Omar Cevallos, señalaron que es momento de tomar correctivos para avanzar en el trabajo tanto durante la emergencia sanitaria como en el resto del actual período de trabajo, al que le restan tres años.
Varios concejales también coincidieron en la necesidad de dejar que sean las autoridades de control y judiciales las que investiguen y determinen responsabilidades en los casos señalados.
Sin embargo, indicaron que es necesario respetar el debido proceso y evitar hacer juicios de valor mientras no se prueben posibles delitos. Los concejales también lamentaron que las denuncias de corrupción empañen el trabajo para frenar los efectos de la pandemia en Quito.
Lo dijeron, entre otros, la edil Analía Ledesma, quien señaló que se había felicitado al Alcalde y al Municipio en general por las acciones realizadas, por lo que es importante combatir la corrupción, por lo que depositó su confianza en todo el Concejo para que la fiscalización permita esclarecer las denuncias y continuar el trabajo por la ciudad.
Previamente, el Alcalde habló de las medidas que se tomaron para frenar el avance de los contagios de covid-19 en la ciudad en marzo del 2020 y leyó un informe sobre los casos que se han hecho públicos en los últimos días.
Entre otras cosas, informó que a fines de ese mes se dispuso que todo contrato relacionado con la pandemia debía ser remitido a la Contraloría y que Quito Honesto debía acompañar los procesos contractuales.
Fuente: El Comercio-Nota Original: LINK
