Las autoridades locales de las Islas Galápagos trabajan sin descanso para reactivar su economía, gravemente afectada por la paralización total de las actividades turísticas y comerciales desde hace tres meses, a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
En un manifiesto entregado a las autoridades del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, la Junta Ciudadana Provincial realizó una serie de pedidos que -según consideran- ayudarían en este propósito.
Entre las solicitudes están declarar al archipiélago como zona de desastre económico por los próximos dos años. Con esto, aspiran a que se suspenda el cobro de créditos, tarjetas, permisos de funcionamiento, renovaciones y otras tasas por un período de 12 meses.
Los operadores también piden que se les facilite el refinanciamiento de deudas vigentes en las entidades públicas y privadas del Sistema Financiero Nacional, sin el cobro de intereses adicionales y con un año de gracia.
Henry Cobos, alcalde de San Cristóbal, explicó que una de las necesidades más urgentes -a nivel administrativo y financiero- es el pago de las asignaciones presupuestarias retrasadas (4 meses), ya que estos recursos son vitales para pagar salarios y atender a los sectores más vulnerables y afectados, como el pesquero y turístico.
Justamente es el turismo, principal fuente de ingresos para los isleños, el rubro más afectado por el cierre de fronteras. Para reactivarlo, los cabildos proponen -entre otras medidas- la creación de una plataforma digital para promoción de sus atractivos, con recaudación directa, sin intermediarios.
Asimismo, se ha comprometido a los operadores a mantener los valores de los servicios y actividades que ofrecen; además, la Junta Provincial instó a las autoridades del Parque Nacional Galápagos a que habiliten nuevos lugares de visita, más cercanos a las poblaciones, para incentivar el turismo tanto interno como externo.
El alcalde de la isla Isabela, Bolívar Tupiza, consideró que también es necesario blindar la economía de los gobiernos locales a través de ordenanzas. Una de sus propuestas es que los turistas que visiten esta isla deban pernoctar en ella, para dinamizar el comercio y la hotelería.
También aseguró que es hora de pensar en un aeropuerto para recibir vuelos comerciales. Robert Andrade, economista y propietario del hotel Galápagos Sunset (San Cristóbal), defiende las peticiones hechas al Gobierno.
Explicó que en las islas todas las actividades están estrechamente ligadas al turismo y que con la caída de este sector, el resto automáticamente se vio afectado. “Si no hay turistas, los hoteles no tienen clientes o deben cerrar, por lo que tampoco necesitan comprarle al pescador, que finalmente se queda sin sustento”.
Recordó que la crisis en la región Insular no comenzó en marzo sino en octubre, con las protestas a nivel nacional. “En noviembre ya vinieron menos turistas porque hay que recordar que muchos llegan desde China, donde comenzó la pandemia. Los turistas son muy susceptibles a la situación que vive el país donde pretenden viajar, por ello se espera que la situación no se normalice al menos en otros 18 o 24 meses”.
Añadió que las dimensiones del perjuicio aún no se pueden calcular. Puso como ejemplo que en su hotel hasta el momento ha perdido alrededor de USD 300.000, pero que los viajeros siguen cancelando las reservaciones, por lo que proyecta un perjuicio de al menos USD 400.000.
Residentes apuntan a la producción local
Debido a la paralización del turismo en las islas Galápagos, los habitantes han apuntado a la producción agropecuaria para sustentar la adversa situación económica que afrontan.
Priscila Bastidas, residente de isla Santa Cruz, explicó que por la total ausencia de viajeros ha perdido su fuente de ingresos, por este motivo optó por iniciar un huerto y con el comercio de sus cultivos (granos, frutas, vegetales) ha podido generar algo de dinero.
Explicó que ha sido la producción local la que ha permitido mantener el abastecimiento de alimentos durante la emergencia, pues la llegada de aeronaves con insumos y víveres se da de forma periódica y la logística para llevar la mercadería tiene impacto significativo en el precio final.
Una de las propuestas de la Junta Ciudadana Provincial para abaratar el costo de los productos, es que sea el Consejo de Gobierno el intermediario que se encargue de la logística; además, que se establezca por los próximos tres años un precio de USD 0,40 por kilo de carga que se movilice a las islas.
Fuente: El Telégrafo-Nota Original: LINK
