La Asamblea no dio paso a 10 de las 32 objeciones del Ejecutivo al proyecto de Ley de Apoyo Humanitario por la crisis derivada del covid-19.
El texto quedó listo a las 00:40 de este viernes 19 de junio para su publicación en el Registro Oficial. Uno de los puntos más importantes en los que la Legislatura se impuso tiene que ver con la disposición interpretativa única para el numeral 6 del art. 169 del Código de Trabajo sobre la aplicación de la figura de “fuerza mayor” para el despido de trabajadores, que el Ejecutivo proponía que no esté ligado al cierre de las empresas.
“En estos casos, la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o jurídica. Esto quiere decir que habrá imposibilidad cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo tanto por los medios físicos habituales como por medios alternativos que permitan su ejecución, ni aún por medios telemáticos”, dice el texto aprobado por la Asamblea.
El Parlamento también rechazó las objeciones del presidente Lenín Moreno sobre los artículos 5, 9, 13, 15, 18, 26, 28 y las disposiciones undécima y décima tercera del texto que fue aprobado por el Pleno el 15 de mayo pasado.
Estos tienen que ver con el no incremento de los costos en servicios básicos por un año, facilidades de pago a la seguridad social, prohibición de terminación de pólizas de salud y suspensión por falta de pago, control y fijación de precios al consumidor final, condiciones mínimas para validez de los acuerdos, concordato preventivo y teletrabajo.
En otros 22 artículos la Asamblea terminó por allanarse al veto parcial del Ejecutivo, entre los cuales se contempla el descuento del 25% en las pensiones educativas para los padres de familia que pierdan su trabajo o les reduzcan el sueldo por la crisis.
Las observaciones aprobadas también abarcan los créditos productivos para la reactivación económica y protección del empleo en el sector privado, los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo, el contrato especial emergente, el teletrabajo, pensiones vitalicias y vuelos a Galápagos.
La votación
Para los 22 allanamientos hubo 69 votos a favor desde las bancadas de Alianza País (AP), Creo y asambleístas independientes, aunque la Ley de la Función Legislativa solo requería del voto de la mitad más uno de los presentes en la sesión.
Otros 51 legisladores, en su mayoría del correísmo y el PSC, votaron en contra. También hubo 2 votos en blanco y 11 abstenciones. En total, se registraron 133 concurrentes de 137.
En cambio, para que la Asamblea pueda insistir en los otros 10 artículos del proyecto, el correísmo y otros se sumaron a la mayoría de AP, Creo e independientes.
Así, las ratificaciones fueron aprobadas con 116 votos a favor, 2 en contra, 1 blanco y 14 abstenciones. La Ley legislativa requería de 91 votos. Para lograr consensos, el ponente del proyecto, Esteban Albornoz (AP-aliados), modificó el informe -no vinculante– en el que la Comisión de Desarrollo Económica recomendadaba 22 allanamientos, 9 ratifificaciones y que dejó el veto al artículo 18 sujeto a los consensos en el Pleno.
La votación estuvo precedida de un debate, del cual participaron 21 asambleístas de casi todas las bancadas.
Agenda
El debate sobre el veto a la Ley Humanitaria se inició pasadas las 19:00 del jueves 18 de junio, dos horas más tarde de lo previsto. Previamente, cinco asambleístas, tres del correísmo, un socialcristiano y uno de Creo, plantearon que se modificara el orden del día de la sesión 672 del Pleno.
Entre ellos estuvo el pedido del coordinador del correísmo, Cristóbal Lloret, para que el Pleno disponga al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) que se reúna para tramitar los cinco pedidos de juicio político contra el ministro de FInanzas, Richard Martínez, que impulsan varias bancadas.
El pedido pasó con el apoyo de 68 legisladores del correísmo y del PSC, en su mayoría. A estos se sumaron, los votos en blanco de los asambleístas Héctor Muñoz (Creo) y Héctor Yépez (exSuma), con lo que reunieron los 70 requeridos, de acuerdo con el procedimiento parlamentario. También hubo 52 abstenciones.
El presidente de la Asamblea, César Litardo (AP) y otros seis legisladores votaron en contra. Lloret presentó esta solicitud, a pesar de que en otras dos sesiones de la Asamblea ya logró que su propuesta se la incluyera en la agenda, aunque no llegó a ser debatida porque las jornadas fueron suspendidas.
Él cree que «deliberadamente no se quiere tocar el tema». Los otros pedidos de cambio de orden del día sí fueron aceptados, pero quedaron a la cola de la agenda, en la que además del veto a la Ley Humanitaria, está programada la discusión sobre «las denuncias de corrupción que se han hecho públicas en el país» y un convenio sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra.
El socialcristiano César Rohón pidió que se cambiara el orden del día para que el Pleno, a través de una resolución, promueva el reconocimiento como héroes de guerra a 209 soldados que participaron en las guerras de 1981 y 1995.
Héctor Yépez (Creo) pidió la comparecencia de autoridades por denuncias de incremento a tarifas eléctricas. Litardo dispuso que este pedido sea sometido a votación, pese a que Yépez había accedido a retirarlo al concluir su intervención.
El correísta Ronny Aleaga demandó que se investigue el financiamiento de la pasada consulta popular y que la asamblea conforme una comisión especial. En tanto que su coidearia, Nancy Guamba, requirió la comparecencia del ministro de Salud, Juan Zevallos, para que proporcione detalles sobre supuestas presiones de legisladores para gerencias de hospitales.
Fuente: El Comercio-Nota original: LINK
