La indagación arrancó en el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. Los contratos recurrentes que esa casa de salud firmó entre el 2019 y este año con cuatro personas naturales y tres empresas llamaron la atención de los investigadores.
Las primeras pistas recabadas señalan que funcionarios de este centro asistencial, que hoy son procesados, tenían nexos empresariales y familiares con las compañías a las que se adjudicaban las licitaciones. Estos detalles constan en un informe fiscal al que tuvo acceso el Diario El Comercio.
Allí se explica cómo en ese período se formó una estructura delictiva que se habría beneficiado de esquemas para comprar insumos.
Las pesquisas revelan que a través de los procesos de contratación inversa, personal del centro asistencial invitaba a distintos interesados para que presentaran sus ofertas bajo un sistema de pujas.
En ese esquema entraban las tres empresas, cuyos precios se acercaban más al presupuesto referencial que tenía el hospital. Según la hipótesis de Fiscalía, las tres firmas previamente se ponían de acuerdo y realizaban ofertas similares con los datos que les proporcionaban los empleados públicos.
“Así direccionaban todo”. Los agentes advierten que después, la ganadora repartía las ganancias a los funcionarios del hospital y a las otras dos contratistas. Precisamente, la ruta del dinero fue lo que encendió las alertas de la Fiscalía.
Informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y del Servicio de Rentas Internas (SRI) muestran cómo el patrimonio de estas empresas creció exponencialmente en menos de un año.
En el 2018, una de estas tenía un capital de USD 2 000, pero luego llegó a reportar en sus cuentas valores superiores a USD 1 millón.
En el cruce de información que realizó la Fiscalía también se determinó que la organización delictiva realizaba hasta tres o cuatro transferencias antes de que los valores llegaran a su destino final.
Estas triangulaciones revelaron además que los fondos eran repartidos incluso con los representantes de otras empresas que mantenían contratos con siete hospitales de Guayas y Pichincha.
El pasado jueves, la Policía desplegó un megaoperativo con fiscales de Guayas y Pichincha. 17 personas fueron detenidas y procesadas por presunta delincuencia organizada.
Entre los sospechosos están funcionarios administrativos, gerentes y miembros de las comisiones técnicas que entregaron contratos.
Aunque la mayoría de hospitales indagados está en Guayas, el proceso de investigación lo lleva la fiscal Claudia Romero de Quito.
Ella viajó a Guayaquil para ejecutar las detenciones de la semana pasada. En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía dijo que los detenidos no eran los únicos que participaron en las posibles irregularidades.
En el caso del Abel Gilbert Pontón, el director también es señalado. Él está prófugo y la última vez que apareció fue siete días antes de los operativos.
¿Cómo se concretaban las adjudicaciones en los hospitales?
Las indagaciones determinan que visitadores médicos jugaban un “papel importante” en esta red. A través de ellos, “se negociaba los contratos”. Los agentes afirman tener grabaciones y videos de estos hechos.
En las imágenes se observa a funcionarios reunirse con los proveedores y con las personas encargadas de los procesos de contratación.
A través de estas grabaciones, la Fiscalía asegura que también ha logrado determinar los nexos que la estructura tenía con las casas de salud.
Hoy, el caso está en instrucción fiscal y el juez otorgó 90 días para que la Fiscalía recopile las pruebas que muestren cómo se perpetró el ilícito.
En ese tiempo también se deberá delimitar el número de contratos que se firmaron de forma irregular y los montos exactos del perjuicio que el Estado sufrió con esas adjudicaciones médicas.
Mientras esto ocurre, abogados del caso han solicitado a los jueces y a la Fiscalía que se señale a los cabecillas de la supuesta organización, pues afirman que entre los detenidos existen personas de mandos medios y bajos que no fueron parte de los contratos y que únicamente recibieron órdenes de sus superiores.
Por ahora, las indagaciones y recopilación de posibles evidencias continúan. Estas se usarán en futuras audiencias.
Fuente: El Comercio – Nota Original : LINK
