En los últimos tres años, la Asamblea acumula 20 proyectos de ley anticorrupción. El informe para el primer debate de uno de ellos prevé ser aprobado hoy y apunta a la recuperación de bienes de origen o de destino ilícito o injustificado.
La iniciativa legislativa incluye un procedimiento de extinción de dominio. Así el Estado podrá actuar sobre muebles, inmuebles, dinero o cualquier otro objeto, si su adquisición se dio “sin respaldo económico legítimo” por un valor superior a los 200 salarios básicos unificados (USD 80 000).
La medida será “imprescriptible, autónoma e independiente de la acción penal”, dice el borrador del texto. Este se compone de 64 artículos, cuatro disposiciones generales, seis transitorias y cuatro disposiciones reformatorias al Código Orgánico de la Función Judicial y a la Ley Orgánica de Servicio Público.
Después de dos sesiones en las que la aprobación del documento se aplazó por ajustes de última hora, la Comisión legislativa de Participación Ciudadana sesionará hoy, a las 10:00, para votar el informe que servirá para el primer debate en el Pleno de la Asamblea.
Para la aplicación se estipulan 11 causales, entre ellas, que los bienes hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas o que formen parte de un incremento patrimonial no justificado, incluso por herencia.
El presidente de la Comisión, Raúl Tello (ind.), explicó que el proyecto contempla la creación de jueces y fiscales especializados en extinción de dominio. Además de la implementación de un ente para la administración de estos bienes, tras la eliminación de Inmobiliar.
Según Tello, se trata de una herramienta distinta a la figura del “comiso sin sentencia”, que fuera vetado por el Ejecutivo en la última reforma al Código Penal y declarado como inconstitucional por la Corte Constitucional, al considerar que los términos en los que fue redactado afectaban “gravemente al derecho a la seguridad jurídica”.
La iniciativa parte de un proyecto que fue presentado por el asambleísta Fabricio Villamar, del movimiento Ahora, el 22 de octubre del 2019. Villamar cree que “es el mecanismo más rápido” para que el Estado pueda recuperar los bienes de la corrupción.
“El juicio es contra los bienes, no contra las personas. Eso es clarísimo para rebatir cuando dicen que afecta al principio de inocencia. Los bienes o son lícitamente obtenidos o son ilícitamente obtenidos”, apuntó la asambleísta independiente Mae Montaño.
Además de Tello y de Montaño, la Comisión tiene siete integrantes: Ramón Terán y Raúl Campoverde (PSC), los correístas Pabel Muñoz y Ronny Aleaga; Gloria Astudillo (Creo), el independiente Eliseo Azuero y Julio César Quiñónez (AP).
De ellos depende el envío del proyecto al Pleno. Durante los debates, los asambleístas coincidieron en que la nueva normativa debe concordar con los principios constitucionales, en apego a la presunción de inocencia y a la propiedad privada.
El proyecto incorpora los criterios de la Fiscalía, Contraloría y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Otros dos proyectos de Ley de Extinción de Dominio fueron presentados por el entonces fiscal general, Carlos Baca, el 20 de diciembre del 2017 y por el presidente Lenín Moreno, el 26 de julio del 2018.
Ambos se tramitan en la Comisión de Justicia de la Asamblea, en donde se analizan, además, otras propuestas del Ejecutivo para crear jueces y fiscales contra la corrupción, o incrementar las penas en caso de delitos cometidos en compras públicas de emergencia. En el caso del proyecto del exfiscal Baca, los asambleístas prevén recomendar el archivo al señalar que tiene contradicciones.
Mientras tanto, parte de la iniciativa presidencial para la extinción de dominio se incluyó en la reforma al COIP, que rige desde el 21 de junio pasado.
La necesidad de esta norma es una exigencia de organizaciones de la sociedad civil como la Comisión Cívica Anticorrupción, que calcula un perjuicio superior a los USD 35 000 millones por la corrupción en los últimos años.
Otro proyecto, denominado Ley para la recuperación de la capitales, impulsado por la expresidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas (AP), todavía no cuenta con un informe para el segundo debate, pese a que la primera discusión concluyó el 23 de enero del 2019 en el Pleno.
En el 2018, la Asamblea aprobó por unanimidad una propuesta de Ley Anticorrupción, pero fue vetada en su totalidad por el Ejecutivo “por razones técnicas y jurídicas”. Al Parlamento le queda menos de un año para aprobar la nueva ley.
Fuente: El Comercio – Nota Original : LINK
