La parroquia Canoa, del cantón San Vicente (Manabí), está totalmente indignada. El sistema de alcantarillado pluvial y sanitario está colapsado.
Los moradores denunciaron que hay días –sobre todo cuando el sol cae con fuerza – que el olor es nauseabundo. Incluso, en las calles cercanas al malecón se observa el encharcamiento de las aguas residuales, que contaminan el río Canoa.
El Municipio envía carros hidrosuccionadores para que limpien las alcantarillas. Pero ese es un atenuante, que no soluciona el problema porque en pocos días el sistema vuelve a colapsar.
Ricardo Paz trabaja en el sector turístico de Canoa. Él afirmó que el terremoto del 2016 agravó la situación, porque la red se dañó al igual que la del agua potable.
El gremio está desesperado porque las condiciones sanitarias del balneario empeoran al pasar los meses y eso dificulta la reactivación.
Paz tiene una pizzería y para poder cumplir con todas las normas de higiene y salubridad debe comprar al menos dos tanqueros de agua semanales, que cuestan USD 10 cada uno.
Desde la cuarentena ha debido utilizar sus ahorros para tener agua. “Para mucha gente es fácil decir lávate las manos. Nosotros sufrimos para hacerlo. Por eso pedimos por salud, dignidad y porque también somos seres humanos que nos den agua y un alcantarillado digno”.
Según la Secretaría de la Reconstrucción y Reactivación Productiva, en el 2016 se invirtieron USD 2,2 millones para una obra de saneamiento ambiental para Canoa y San Vicente, que empezó el 10 de junio del 2016 y que debía entregarse en 90 días.
Esta consistía en un sistema de reserva de agua potable, y un sistema de bombeo alcantarillado sanitario que fue rehabilitado. La obra fue ejecutada por Ecuador Estratégico y entregada a finales del 2016.
Entonces ¿Por qué Canoa aún no tiene agua y alcantarillado? El concejal Leonel Kuonqui señaló que la obra nunca funcionó a cabalidad.
Las bombas que se instalaron para trasladar con fuerza las aguas servidas dejaron de funcionar y no pudieron ser reparadas. “No duraron ni tres meses y empezaron a dañarse por lo que nuestra única parroquia actualmente no cuenta con alcantarillado ni agua potable en plena pandemia”.
Este año, la alcaldesa Rossana Cevallos propuso que el Municipio adquiriera nuevas bombas para solucionar el problema. Pero Kuonqui se opuso porque la obra debía entregarse en buen estado.
De hecho, Kuonqui solicitó en diciembre del 2019 una indagación a la Contraloría General del Estado para investigar esa obra y el papel que jugó la Empresa Pública Municipal, que era la encargada de fiscalizar la obra.
Además pidió que se realice una auditoría a otras obras construidas con dinero de la reconstrucción en las que supuestamente hay sobreprecio.
Una de esas es un mercado, en el que se invirtieron más de USD 2 millones y que fue construido por Contruvelesa, que tiene vínculos con la fallida construcción del hospital de Pedernales.
El Municipio de San Vicente fue allanado el 16 de junio del 2020 por la Fiscalía y la Policía Judicial para investigar esa denuncia. Se decomisaron seis computadoras y varios archivos físicos.
Según la Fiscalía de Manabí, las investigaciones están en camino y estarían relacionadas con el caso de corrupción encabezada por el asambleísta Daniel Mendoza.
Aunque no se dieron más detalles. Según el Municipio de San Vicente, la alcaldesa Rossana Cevallos emitió oficios a Ecuador Estratégico para informar sobre las bombas dañadas.
El primero fue enviado el 22 de agosto del 2017. Y desde entonces se han emitido correos a la Secretaría de la Reconstrucción e incluso al presidente Lenín Moreno.
La Secretaría de la Reconstrucción informó que en enero del 2020 se realizó una visita a Canoa para tomar líneas de acción sobre las obras ejecutadas durante la emergencia por el terremoto del 16 de abril del 2016.
La Secretaría analiza un estudio sobre el sistema hidrosanitario de Canoa para financiar un proyecto integral. Mientras tanto, la Alcaldesa solicitó un crédito al Banco de Desarrollo del Ecuador para mitigar el problema.
El 25 de junio del 2020 se realizó la firma para un préstamo de USD 150 000 con un plazo de siete años y con un interés del 7.11% nominal anual.
Según el Municipio en el 2011 se conformó una alianza denominada “Mancomunidad Centro Norte” integrada por Junín, Bolívar, Tosagua, Sucre y San Vicente.
También se creó la empresa municipal mancomunada EMMAP-EP, a la que los municipios le cedieron las competencias legales del agua potable para que sea la proveedora del líquido, administre el sistema y recaude las tasas de cobro a los usuarios.
El Municipio señaló que San Vicente es el último de esa red al que le llega el agua. Además frecuentemente ocurren daños no solo en San Vicente, sino en toda la línea de conducción desde la planta La Estancilla y eso ocasiona que el servicio sea irregular.
La Alcaldesa informó que como medida paliativa se distribuye agua en tanqueros de forma gratuita. Sin embargo, los moradores de Canoa señalan que casi nunca les llega agua y que aun así deben pagar una planilla de hasta USD 30.
Pero además deben comprar tanqueros que cuestan entre USD 8 y USD 10. Pero hay casos como el de María Zambrano que no cuenta con una cisterna para almacenar el agua. Ella debe comprar a diario tachos de unos 10 litros, que cuestan entre USD 1 y USD 2,50, para las necesidades básicas.
Pero por la pandemia, los tanqueros no circulaban a diario en la parroquia. “Hemos pasado muy mal en esta cuarentena. No tenemos servicios básicos ni trabajo. Por humanidad, pedimos a las autoridades nacionales que nos ayuden, porque aún no nos recuperamos del terremoto”.
Fuente: El Comercio – Nota Original : LINK
