El Gobierno anuncia cambios legales y auditorías para evitar abusos en la aplicación de la Ley Orgánica de Discapacidades. Ayer 1 de julio del 2020, el presidente de la República, Lenín Moreno, reaccionó ante los casos de carnés de discapacidad fraudulentos, a través de los cuales personas que no tienen esa condición accedieron a importación de autos sin aranceles y mejoras en las liquidaciones laborales.
Moreno, quien padece una discapacidad física, anunció seis acciones para asegurar que estos beneficios no se desvíen. El Presidente dispuso la suspensión “inmediata” del proceso de exoneración de aranceles para casos sospechosos.
Además, ofreció la detención de vehículos importados con carnés fraudulentos. También dijo que se efectuará una auditoría al Ministerio de Salud, caso por caso, y señaló que esa Cartera “deberá investigar, denunciar y sancionar a los responsables”.
Las placas de estos autos tendrán un distintivo especial, precisó Moreno, y adelantó que se reformarán “todos los instrumentos legales para que los beneficios vayan a quienes realmente lo requieren”.
Más temprano, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anticipó que se reformará el reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades, emitido en el 2017, cinco meses después de que Moreno llegó a Carondelet. Explicó que se implementarán seguros para evitar abusos.
Según esa normativa, le corresponde al Ministerio de Salud emitir el certificado o documento que acredite la calificación de la discapacidad de una persona.
Ayer 1 de julio, la Policía informó que se investiga a una red dedicada a la venta del carné de discapacidad. Hay seis detenidos.
Los agentes presumen que el documento era vendido hasta en USD 1 300. Días atrás, también se ventiló el caso de Daniel Salcedo, procesado por un entramado de corrupción en los hospitales del IESS, quien tenía un carné de este tipo.
Personas de su círculo cercano también disponían del documento y lo habrían empleado para importar autos de alta gama. El tema también salpicó a cuatro legisladores. Ayer, los asambleístas Israel Cruz (BIN) y Fabricio Villamar (Ahora) señalaron que su carné de discapacidad es legal.
Calificaron a las denuncias en redes como “mal intencionadas” o “verdades a medias”. Hizo lo propio Marcia Arregui (AP), quien dijo padecer una patología muy grave y cuestionó que se pretenda equiparar su caso con la situación de otras personas, investigadas por corrupción.
Elizabeth Cabezas (AP), expresidenta de la Asamblea, comentó que su esposo, Javier Vaca, tiene este carné desde 1989, por “una discapacidad producto de un accidente de tránsito desde hace 36 años”.
Xavier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), explicó que no es competencia de esa entidad extender este tipo de carné.
Torres, quien también es Consejero Presidencial en temas de Discapacidad, contó que, en noviembre del 2019, el Ministerio de Salud notificó que había una base de datos con 497 nombres de personas que obtuvieron calificaciones y carnés, que fueron eliminados.
Agregó que la Ley permitía importar un auto, con un cupo de máximo USD 24 000, es decir de 60 salarios mínimos vigentes. “La gente que estaba en esa red de corrupción estuvo adulterando facturas y documentos de los vehículos, para estafar y traerlos al Ecuador, con el carné”.
El vicepresidente de la República, Otto Sonneholzner, señaló ayer 1 de julio que se han identificado alrededor de 50 vehículos que serían retenidos, por haber sido importados con carnés fraudulentos.
“No pueden abusar de una Ley que está hecha para la gente que en verdad lo necesita”, apuntó. El Presidente de la República dijo que ya se presentaron las denuncias ante la Fiscalía General del Estado, para que se investiguen estas irregularidades. La Cartera de Salud indicó que no se pronunciará.
En el registro del Conadis constan 485 325 personas con discapacidad, a escala nacional. Salud indicó que desde el 2013, cuando asumió la competencia de calificación, se certificaron a 384 428 personas con algún tipo de discapacidad.
Según cifras de esa entidad, en los últimos tres años se efectuaron 3 500 auditorías, a escala nacional, sobre la obtención del carné.
Las frases Lenín Moreno, presidente de la República: “Lo que han hecho es aprovecharse vilmente de los derechos de las personas con discapacidad, que necesitan de estos justos beneficios”.
Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la República: “Se debe seguir una causa penal a quienes irresponsablemente otorgaron una condición de discapacidad a quien no la tenía”.
Xavier Torres, presidente del Conadis: “Se requieren auditorías, para transparentar quiénes fueron los involucrados. La Fiscalía debe identificar a los responsables”.
Fuente: El Comercio – Nota Original : LINK
