En el 2014, Ana Cobo fue diagnosticada con cáncer de mama, por lo que le extirparon sus senos. Esto le generó inconvenientes de movilidad en uno de sus brazos, por lo que dos años después decidió tramitar su carné de discapacidad.
Se lo negaron. “Pedí el documento porque quiero trabajar y seguir luchando; no quiero traer carros ni objetos de lujo”, indicó la mañana de este viernes 3 de julio del 2020.
Ana relató su historia en la rueda de prensa organizada por varias organizaciones de personas con cáncer, discapacidad y enfermedades crónicas. Ellos mostraron su molestia frente a la entrega de estos documentos a personas sin patologías o cuyas limitaciones están en duda, como asambleístas o futbolistas, quienes se habrían valido de estos documentos para importar vehículos de lujo.
“Siento impotencia ver que a ellos sí les han dado el carné y a nosotros, los guerreros del cáncer no. He pasado de centro en centro y nada”, señaló Ana.
Una situación similar enfrentó Gladys Vélez, con cáncer de mama y metástasis en varios órganos, y Manuel León, paciente con diabetes al que le amputaron una parte de su pie.
Ninguno ha logrado acceder a su carné de discapacidad y han tenido que enfrentar su enfermedad solos. Vélez, por ejemplo, relató que ha vivido momentos difíciles por su condición de salud, por lo que se indigna ante hechos como los suscitados en el país.
En el país no hay un dato exacto sobre el número de personas con cáncer que no cuentan con estos documentos, señaló Gustavo Dávila, director de Fundación Jóvenes contra el Cáncer.
“Queremos evidenciar nuestra indignación frente a la entrega de los carnés a quien no lo necesita. Pedimos la destitución de quienes han participado de esta situación; deben darse sanciones inmediatas”.
Dávila también mencionó que “hay karatecas con el carné, pero hay personas con enfermedades discapacitantes que no los han obtenido. Esperemos que se solucione y estas personas sean destituidas”.
En la rueda de prensa también se detalló que el proceso para la calificación de una persona con discapacidad es largo. Primero comienza con la llamada al ‘call center’ en donde se otorga una cita con el médico general.
Luego, la toma de exámenes y una nueva búsqueda de un turno con los especialistas. Esto demora varios meses, en los cuales quienes lo necesitan siguen en el limbo. “Es un verdadero viacrucis para ellos”, destacó Cecilia Ashur, representante de la Fundación Fortaleza.
Hasta el jueves 2 de julio del 2020, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, señaló que se han detectado 3 000 carnés otorgados de forma “ilegal”, ya que se emitieron durante la emergencia sanitaria por covid-19.
De ellos, 2 281 ya han sido revisados y están en proceso de anulación. Adicionalmente, nueve funcionarios están siendo investigadas por entregar estos documentos. Cuatro de ellos pertenecen a la Cartera del ramo.
A la fecha, en Ecuador están registradas 485 325 personas con discapacidad física, intelectual, auditiva, visual y psicológica, en la página del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis).
La Constitución de la República los ampara y pueden acceder a beneficios establecidos en la Ley Orgánica y su reglamento, como rebajas en los servicios básicos, rebajas o exención a impuestos, la devolución del impuesto al valor agregado (IVA), exoneración de la tarifa de transporte, importación de bienes (vehículos y ayudas técnicas) exentos del pago de tributos.
Y, exenciones tributarias totales en tasas notariales, servicios de cedulación, pasaporte, entre otros.
Fuente: El Comercio – Nota Original : LINK
