En el primer semestre del año, la Asamblea envió seis leyes al Registro Oficial. Para los 10 meses que restan de su período la prioridad la tendrán otras 12 normas que componen la “agenda postcovid”.
En esta lista está la Ley de Extinción de Dominio, cuyo informe para primer debate fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Participación Ciudadana la semana pasada.
La fiscal General, Diana Salazar, dice que esta norma es “urgente”, para que el Estado pueda recuperar bienes como casas de lujo o vehículos de alta gama conseguidos ilegalmente por quienes ahora están prófugos de la justicia.
Aunque ninguna ley tiene el carácter de retroactiva, la asambleísta independiente Mae Montaño explicó que la propuesta incluye la figura de la retrospectividad, con lo que podrá ser aplicada para casos que actualmente se ventilan en los tribunales.
“No es que solamente vamos a perseguir los bienes que de aquí en adelante se obtengan por acciones ilícitas, sino también sobre aquellos que en este momento no pueden ser justificados”, dijo Montaño.
El Pleno todavía no es convocado para el debate. En la agenda también están las reformas al Código de Trabajo y a la Ley de Seguridad Social.
En el primer caso, el propósito es implementar nuevas modalidades contractuales como el teletrabajo. La preparación de los informes está a cargo de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, a donde solo en lo que va del año han llegado propuestas de nueve legisladores.
Para Roberto Gómez (ex Creo), uno de los integrantes de la Comisión, la necesidad de los cambios radica en que “las leyes actuales están hechas supuestamente para proteger al trabajador, pero lo que se hace es dejar en la informalidad a muchas personas”.
En materia de seguridad social, hay más de 30 propuestas que van desde transparentar la información de todos los aportes al IESS, lo que incluye balances y cálculos actuariales, hasta convertir en rotativa a la Presidencia del Consejo Directivo de la entidad.
Entre las prioridades constan, además, proyectos de ley en materia agropecuaria y en temas de turismo. También una ley para regular el refinanciamiento y facilidades de pago en becas, crédito educativo y ayudas económicas.
El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo (AP), explicó que esta agenda responde al nuevo momento que representa la pandemia del covid-19. “Nuestras prioridades están girando en torno a la vida, la salud, la reactivación económica y el bienestar de la gente”, aseguró.
No obstante, entre las prioridades no constan ni el Código de Salud ni las reformas a la Ley de la Función Legislativa. En principio, la aprobación de ambas normas estaba prevista para el primer trimestre de este año y no se cumplió.
En el caso del Código, el proyecto lleva más de siete años en trámite. La votación quedó en suspenso hace 10 meses debido a desacuerdos entre las bancadas en temas como el aborto como emergencia obstétrica, la reproducción humana asistida y la integración del Sistema Nacional de Salud.
En lo que va de este año, el Parlamento ha enviado seis leyes al Registro Oficial, entre ellas las reformas al Código de la Democracia, la Ley para la Actuación en Casos de Desaparecidos, y la Ley de Emprendimiento.
El trámite de la Ley de Apoyo Humanitario y de la Ley para el ordenamiento de las finanzas públicas, que se dio entre abril y junio, pusieron en evidencia las dificultades que afronta el Parlamento para lograr consensos, sobre todo en temas económicos.
En el primer caso, el Ejecutivo se vio forzado a retroceder en su propuesta de contribuciones de empleados y empresas para la crisis.
La coordinadora del bloque de Alianza País (AP), Ximena Peña, sostiene que el problema es que muchos ya piensan en las próximas elecciones.
“Yo creo que algunos van a pensar en su partido político, otros en el país”, dice Eddy Peñafiel, coordinador del BIN. El jefe del bloque del PSC, Vicente Taiano, dice que “cuando hablamos de impuestos no importa si la elección está a seis meses o a cuatro años, lo que no se puede permitir la Asamblea es aprobar textos que van a quitarle liquidez a los ciudadanos”.
Este mes, la Asamblea debe resolver las observaciones del Ejecutivo a tres leyes, entre ellas, una que permitirá a los municipios ejercer un control contra el expendio de drogas en el espacio público.
En cuanto a la tarea de fiscalización, en el parlamento están pendientes cinco pedidos de juicio político contra el ministro de Finanzas, Richard Martínez.
Los debates se realizan mediante videoconferencias desde el pasado 24 de marzo. El Pleno tuvo 17 sesiones. En contexto En poco más de tres años, 46 leyes aprobadas por el Parlamento han ido al Registro Oficial.
La última fue la Ley de Apoyo Humanitario, por el covid-19. En otra, la Ley para el ordenamiento de las Finanzas públicas, no hubo los votos para tratar el veto del Ejecutivo.
Fuente : El Comercio – Nota Original : LINK
