La Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas contiene reformas que permitirán al Gobierno avanzar en su programa de recorte y control del gasto del Estado.
Esto luego de que ayer, 15 de julio del 2020, venció el plazo para que la Asamblea se pronuncie sobre la objeción parcial del Presidente.
El pasado 2 de julio, el Pleno debatió las observaciones planteadas en el veto, pero no alcanzó la votación necesaria para el allanamiento y la sesión se suspendió.
Debido a que no hubo una convocatoria para reconsiderar la votación en el Pleno dentro del plazo previsto, el Jefe de Estado tiene la facultad desde hoy, 16 de julio, para enviar el documento al Registro Oficial para su entrada en vigencia.
El proyecto formaba parte de los compromisos que adquirió el Gobierno el año pasado, como parte del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Ejecutivo ha sostenido que es importante que el documento entre en vigencia este año para que el multilateral vuelva a apoyar al país con recursos económicos.
Para ello, el Gobierno espera concretar un nuevo acuerdo con ese ente hasta agosto. Uno de los puntos de discusión será el ajuste al gasto.
La nueva Ley es clave para alcanzar ese tipo de objetivos, ya que amplía la facultad del Ministerio de Finanzas para fijar techos a los presupuestos institucionales y a los gastos de instituciones públicas, incluso de entidades autónomas como las empresas públicas y los gobiernos locales.
El Ejecutivo ha utilizado antes varias herramientas para controlar el gasto público de empresas públicas. Entre las medidas aplicadas está el recorte de gasto de personal.
Según la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco), entre 2017 y 2019, las empresas públicas redujeron personal en un 13,5%.
Marco Ávila, exgerente de la Emco, detalló que el Ejecutivo ya estaba implementando desde el 2017 control a los presupuestos de las empresas, a través de reuniones trimestrales en las que se analizaba la ejecución de gastos de cada ente y se establecían techos para el ejercicio del siguiente año.
“Es un ejercicio que se venía realizando con normalidad. Las empresas son autónomas, pero deben estar en sintonía con la planificación macro de las finanzas del país que hace el Ministerio”, aclaró.
Durante el debate, los legisladores cuestionaron la eficiencia de las empresas, pues varias no cuentan con balances financieros auditados al día y otras dependen de las asignaciones del Estado.
Según datos de EMCO, la asignación del Estado a las empresas públicas pasó de USD 340, 2 millones en el 2017 a USD 77 millones en el 2020.
El pasado 19 de mayo, el Mandatario emitió decretos para liquidar ocho empresas públicas, en un plazo de seis meses. La decisión, según las autoridades, se tomó porque registran pérdidas o dependen de las asignaciones del Estado y, pese a eso, ofrecen servicios ineficientes o tienen un exceso de personal.
Entre ellas están Correos, Tame, Ferrocarriles. Estas firmas se suman a las otras tres que ya estaban en liquidación desde antes. Otras medidas que entrarán en vigencia son la creación de un fondo de estabilización con los ingresos provenientes de recursos como el petróleo.
Además, el Fisco podrá ejecutar un plan de 12 años para bajar el monto de la deuda hasta llegar al 40% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2032.
Desde el próximo año, el Ministerio de Finanzas, además, podrá modificar el presupuesto estatal aprobado por la Asamblea solo en un 5%; antes era de hasta el 15%.
Fuente: El Comercio-Nota Original : LINK
