Los tres grupos de acreedores de Argentina rechazaron el lunes 20 de julio del 2020 la nueva oferta de reestructuración de deuda del gobierno de Alberto Fernández, lo que pone en riesgo el canje de unos USD 66 000 millones en bonos emitidos bajo legislación extranjera.
“La oferta de Argentina se queda corta ante lo que los grupos de acreedores pueden aceptar”, señalaron en un comunicado, en el que indicaron haber hecho otra propuesta al gobierno argentino.
Sin embargo, el presidente Alberto Fernández negó la posibilidad de modificar la propuesta de su gobierno. “Hemos hecho una oferta posible y es imposible que nos podamos mover de este último esfuerzo, que es un esfuerzo muy, muy grande”, dijo.
“Hacer una oferta mejor ya empieza a poner en riesgo el mañana. Lo que yo busco es que Argentina resuelva un problema de tal modo que no tenga que seguir discutiendo con los acreedores”, añadió Fernández en declaraciones a la televisión pública argentina, su primera reacción al rechazo.
La oferta de canje, la segunda que Argentina presentó formalmente, tiene plazo de adhesión hasta el 4 de agosto. En su comunicado, los acreedores se mostraron confiados en que se pueda alcanzar una “solución de consenso” que asegure “la sustentabilidad económica futura para el pueblo argentino”.
Los grupos Exchange Bondholders, Ad Hoc y Argentina Creditor Committee sostienen que representan a un tercio de los titulares de bonos argentinos emitidos bajo legislación extranjera y sujetos al canje.
Ese porcentaje les confiere poder de bloqueo en esta propuesta de reestructuración de deuda, según los expertos. La oferta argentina abarca bonos de 2005 y 2010, fruto de una anterior reestructuración de deuda, y también otros emitidos a partir de 2016.
En los bonos de 2016 en adelante, el porcentaje mínimo de adhesión debe ser de 66,5% para que el canje sea válido. En los de 2005 y 2010 se eleva a 85%, explicó el economista Nery Persichini.
Hasta ahora los grupos Exchange Bondholders y Ad Hoc se habían mostrado más reticentes a la oferta, mientras que Argentina Creditor Committee parecía más favorable.
Pero al unirse “están prácticamente en posición de bloqueo de todo el canje y si actúan juntos, como uno, va a ser muy difícil para Argentina llegar a un acuerdo”, comentó el economista Sebastián Maril.
Argentina hizo una primera oferta en abril, que fracasó por el rechazo de los acreedores. La actual propuesta de Argentina ofrece pagar un promedio de USD 53,50 por cada USD 100 prestados, frente a la anterior oferta que daba USD 39 por cada USD 100 y que fue rechazada en mayo.
El periodo de gracia sin pagos quedó reducido de tres años a uno y Argentina comenzaría a pagar vencimientos en septiembre de 2021. La contraoferta de los acreedores elevaría el monto a USD 56,60 por cada UD 100 y los nuevos bonos comenzarían a devengar intereses a partir de septiembre de este año, según fuentes cercanas a la negociación.
“Vemos una falta de entendimiento sobre las restricciones que enfrenta Argentina”, aseveró el ministro de Economía, Martín Guzmán, en un comunicado.
“Acá hay un país, acá hay familias, hay personas. Aceptar lo que piden algunos acreedores significaría someter a la sociedad argentina a más angustia, implicaría por ejemplo ajustar jubilaciones, y no lo vamos a hacer. Seguimos esperando que prime la buena fe por parte de los acreedores”, señaló.
En cambio, los acreedores sostienen que su propuesta brindaría alivio a las exigencias urgentes del país, constituiría una solución que permita el acceso a los mercados de capitales y ofrecería el marco legal necesario para alentar las inversiones.
Además, se encuentra en default desde el 22 de mayo, cuando venció el mes de gracia tras el impago en abril de unos USD 500 millones de intereses de tres de los bonos sujetos al canje.
En junio vencieron USD 600 millones de más en intereses de otros títulos, cuyo plazo de gracia vence a finales de este mes. A Argentina todavía le resta reestructurar la deuda emitida bajo legislación local y con los organismos internacionales. La deuda pública argentina es de unos USD 324 000 millones, casi 90% del PIB.
Fuente: El Comercio – Nota Orignal : LINK
