La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional recibió a asambleístas y funcionarios públicos que cuentan con carnés de discapacidad, para que expliquen cómo obtuvieron el documento y si se han beneficiado del mismo.
En la sesión, efectuada este miércoles, 29 de julio del 2020, participaron los legisladores Israel Cruz, Marcia Arregui y Fabricio Villamar. También compareció Catalina Vélez, directora del Consejo de Educación Superior (CES); Roberto Passalaigue, rector de la Universidad de Guayaquil; y Juan DeHowitt, director del Centro de Inteligencia Estratégica.
El legislador Ramón Terán no asistió. El asambleísta Cruz reiteró que obtuvo su carné antes de postularse a la Asamblea, debido a que padeció cáncer y fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas que afectaron su movilidad.
Aseguró que no ha importado ningún vehículo de alta gama. La titular del CES, Catalina Vélez, explicó que acredita el carné por una discapacidad física, producto de una secuela de poliomielitis que padeció a los seis meses de nacida.
Esto afectó su movilidad y señaló que necesita apoyo para caminar cortas distancias. Obtuvo el carné en el 2002. La legisladora Marcía Arregui (AP) presentó un video en donde un galeno dijo que padece un diagnóstico grave.
Explicó que sufre una miocardiopatía hipertrófica heredada, que deriva en una insuficiencia cardiaca, provocándole una discapacidad de movilidad por falta de oxígeno.
“Jamás pagué ni sometí a influencia para obtener el carné». Indicó que tardó once meses en obtener el documento y negó que se haya beneficiado con disminuciones arancelarias o importación de vehículos.
El asambleísta Fabricio Villamar leyó una misiva, en donde negó que haya hecho uso del carné para solicitar el recalculo de pensiones alimenticias de su hijo.
Mencionó que no es “moroso” en ese rubro. Dijo desde el 6 de julio pasado se inició una investigación previa en la Fiscalía sobre la obtención de carnés de discapacidad y que se ajustará a ese proceso.
Villamar no contestó las preguntas de los integrantes de la Comisión, pues dijo que solicitó al Ministerio de Salud Pública la información sobre su carné “sin que haya respuesta hasta la fecha”.
Dijo que responderá todas las interrogantes, pero por vía escrita, cuando cuente con esa documentación. Al ser consultado sobre la fecha en la que obtuvo el carné, evitó contestar, pues dijo que no quería caer en “errores”.
Esto generó el rechazo de miembros de la Comisión, pues consideraron su actitud como una falta de respeto. Villamar, en respuesta, mencionó que la Ley le faculta a responder por vía escrita.
Ante la insistencia, contó que tuvo un accidente deportivo hace 25 años y que padece una condición auditiva y un problema de columna, sin dar más detalles.
“La ley garantiza, entre sus derechos, no hacer públicas las condiciones físicas”, argumentó. Stalin Basantes, veedor del proceso de certificación de personas con discapacidad, se mostró indignado por la respuesta de Villamar, aduciendo que en la parte posterior del documento dice claramente la fecha de emisión.
“No se necesita ninguna información del Ministerio de Salud Pública, en la parte trasera del carné está la fecha de emisión”, le increpó. Juan DeHowitt, director del Centro de Inteligencia Estratégica, contó que padece una miocardiopatía hipertrófica no obstructiva y que utiliza un desfibrilador y un marcapasos.
Solicitó el carné en diciembre del 2019 y obtuvo el documento en febrero de este año, es decir, después de tres meses. Negó haberse beneficiado en temas fiscales y aduaneros.
“Más bien fue una recomendación médica, ya que al estar involucrado en frecuentes viajes, pasar constantemente por filtros y escáneres hace que se me descalibre el desfibrilador y marcapasos”.
El funcionario dijo que su carné marca un 37% de discapacidad, con grado moderado. Roberto Passailaigue, rector de la Universidad de Guayaquil, narró que obtuvo su carné, que registra un 30% de discapacidad auditiva, el 3 de julio del 2017, antes de asumir ese cargo.
Apuntó que el trámite demoró entre cinco y seis meses. “No compré el carné ni pagué ningún valor por su obtención”. El funcionario reconoció que importó una camioneta doble cabina, de transmisión manual, cuyo trámite duró alrededor de once meses.
“La calificación del trámite la hice cuando no era funcionario público”, dijo Passailaigue. La Comisión de Salud prevé aprobar el informe de fiscalización sobre le emisión de carnés de discapacidad el 20 de agosto próximo.
La asambleísta, Marcela Holguín, pidió a la mesa legislativa que también se convoque a Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien registra un carné con 81% de discapacidad.
Fuente: El Comercio – Nota Original : LINK
