La presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, acudió a la Comisión de Salud para responder las acciones realizadas frente a las denuncias públicas sobre la emisión de carnés de discapacidad durante la emergencia sanitaria que incluirían a jueces.
La autoridad judicial a lo largo de su exposición se quejó porque el Ministerio de Salud no entrega de manera oportuna la información solicitada desde el 3 de julio pasado sobre el listado de las 703 personas que reportaron que poseen carné de discapacidad, a fin de determinar si han obtenido legalmente los certificados o carnés de su condición de discapacidad.
Internamente, el Consejo de la Judicatura a través de la Dirección Nacional de Talento Humano solicitó la información de todas las personas a nivel provincia presentaron los carnés. Con ello, se determinó que hay 104 jueces y conjueces que reportaron tener carnés de discapacidad o certificado de sustituto, de los cuales 97 presentaron los documentos notarizados, cuatro con documentos simples que para el efecto no tienen validez, y tres no presentaron su respaldo.
En el caso de agentes fiscales, 42 reportaron carné de discapacidad de ellos, todos presentaron la información notarizada; en cambio, 19 Notarios presentaron credenciales de discapacidad y de cuales 16 entregaron la información notarizada y tres con documentos simples.
En relación a los Defensores Públicos, 29 reportaron carnés de discapacidad y todos presentaron la documentación notarizada; en cambio, los funcionarios administrativos de la Función Judicial hay 374 personas, de los cuales seis no enviaron los respaldos; y, de los funcionarios administrativos de la Fiscalía General del Estado son 135 que reportaron el carné de discapacidad y todos enviaron documentos simples, y en este caso, se espera la información del Ministerio de Salud para verificar su autenticidad.
Ante los asambleístas, Maldonado, aseguró que ningún juez obtuvo carné de discapacidad durante la emergencia sanitaria, pero sí seis servidores administrativos sobre los cuales espera la información del Ministerio de Salud para confirmar su grado de discapacidad. Aunque reveló que dos jueces obtuvieron su carné de discapacidad uno en enero de 2020 en Guayas y otro en febrero en la provincia de Cañar.
De determinarse que hubo irregularidades en la forma de adquirir el carnés de discapacidad o que reportó información falsa para ese propósito podría ser causal de destitución de jueces y servidores judiciales, por ser una infracción disciplinaria gravísima, advirtió Maldonado.
La presidenta del CJ, insistió que si no se obtiene respuesta rápida y oportuna desde el Ministerio de Salud no se puede jurídicamente definir si los carnés de discapacidad presentados por los servidores judiciales son o no falsos.
El vocal del CJ, Fausto Murillo, indicó que en el ámbito disciplinario el Director de Transparencia de la Judicatura inició desde el 3 de julio pasado una investigación en el ámbito administrativo, y paralelamente se pidió a los servidores judiciales la información certificada sobre los carnés.
Del total de 703 personas que se reportaron, 16 servidores no presentaron el justificativo o presentaron una copia simple del documento, por lo cual, el 23 de julio el pleno del Consejo de la Judicatura dispuso una investigación disciplinaria en contra de ese grupo, a fin de que puedan dentro de esa investigación recabarse elementos que puedan desvirtuar la posibilidad de iniciar un sumario o por el contrario iniciar un sumario administrativo estableciendo la infracción disciplinaria, donde se puede ratificar la inocencia del servidor o imponer una sanción, y de ser una infracción gravísima se procederá con la destitución que puede ir acompañada de una derivación a la Fiscalía General del Estado.
Con estas comparecencias, la Comisión de Salud cierra esta fase de receptar información y el testimonio de funcionarios y asambleístas nombrados como beneficiarios de los carnés de discapacidad.
A partir de la próxima semana, la Comisión procesará la información receptada y luego empezará a elaborar el informe borrador previo, antes de aprobar el documento final que pasará a cocimiento del pleno de la Asamblea Nacional.(I)
Nota Original: El Universo – LINK
