El vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Edwin Jarrín, afirmó que el informe emitido por Transparencia Internacional, sobre los niveles de corrupción de diferentes países, es un «documento empírico y subjetivo», que refleja la percepción de grupos económicos y políticos.
El propio informe de Transparencia Internacional reconoce que “este índice está basado en sondeos, los resultados son subjetivos y son menos fiables en países en los que se extraen menos fuentes; además, lo que se define legalmente o se persigue como corrupción difiere según la jurisdicción; por ejemplo, una donación pública puede ser legal en unas jurisdicciones, pero ilegal en otras; una acción considerada aceptable en un país puede considerarse un soborno en otro”.
A manera de ejemplo, Jarrín expresó que en algunas jurisdicciones de Estados Unidos se hace lobby para la contratación pública y eso es legal en ese país.
Se demuestra, además, una debilidad en la parte metodológica del informe, ya que, según consta en el documento, “el índice de percepción de la corrupción es principalmente una evaluación de la percepción de la corrupción administrativa y política, no es un veredicto sobre los niveles de corrupción de naciones enteras o las sociedades o de sus políticos en actividades”.
El índice está hecho en función de encuestas a expertos extranjeros que tienen alguna actividad empresarial o económica en el Ecuador y las encuestas son de preguntas abiertas, con cuyas respuestas se realiza una transformación matemática para establecer un índice que no tiene ningún precepto metodológico, por lo que es totalmente una cuestión empírica y subjetiva, comentó el vicepresidente Jarrín.
