La tarifa establecida para el transporte de petróleo pesado que realiza Petroecuador, a través del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), ha generado un desacuerdo.
La petrolera estatal sostiene que el monto por este servicio debería ser menor al acordado en noviembre del 2018. Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, en su renuncia presentada la semana anterior, se refirió a un incremento de la tarifa de transporte de crudo, pese a que el Estado y sus instituciones tienen derecho a un valor preferencial.
Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) del Ecuador señaló que no hay tal alza de tarifa, y que el valor consta en el contrato suscrito con Petroecuador en noviembre del 2018.
En este se fijó una tarifa de USD 2 por cada barril de crudo transportado, más un factor de distancia, con lo cual se llega a un total de USD 2,15.
Este monto acordado se venía cancelando de manera regular hasta marzo pasado, confirmó el Ministerio de Energía. Sin embargo, en abril la empresa pública Petroecuador notificó a OCP Ecuador su desacuerdo con el monto y dejó de pagar estos valores.
El ministro de Energía, René Ortiz, informó que Petroecuador se resiste erróneamente a cumplir el pago al argumentar que en el Contrato de Autorización -firmado en el 2001 para la construcción de esta infraestructura- se estableció que la tarifa que cobrará esta compañía al Estado por transportar crudo será de USD 2 por barril o la más baja que la firma privada cobre en cualquier momento a cualquier usuario.
La tarifa más baja corresponde a una cobrada en el 2017, y fue USD 1,40 por barril. Sin embargo, Ortiz explicó que la tarifa más baja debe verse desde noviembre del 2018, cuando Petroecuador firmó un contrato para el transporte de petróleo por la tubería privada y no desde el 2001, cuando se acordó construir la obra.
Desde el mes de noviembre del 2018, “OCP Ecuador no ha cobrado ninguna tarifa más baja a ningún usuario”, aseguró la compañía privada.
“Hay un contrato que hay que cumplir, para que se respete la seguridad jurídica en el país y la normativa vigente”, insistió René Ortiz, en referencia al documento del 2018 que, enfatizó, “fue firmado por la estatal Petroecuador”.
Según el funcionario, ahora queda cumplir “con esos compromisos adquiridos”. Los otros usuarios de esta infraestructura privada, que son productores colombianos, han pagado por el transporte de crudo tarifas superiores a los USD 3 por barril.
Esta tarifa (USD 2) incluso se aplicó durante el 2004, cuando Petroecuador suscribió con OCP Ecuador un contrato para transportar temporalmente crudo por el OCP ante una emergencia derivada por la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote) por un evento en el volcán Reventador.
Luego de esta emergencia, Petroecuador no mantuvo ningún contrato de transporte con OCP Ecuador hasta la firma del contrato de transporte en noviembre del 2018. Antes, el costo de este servicio era cubierto por las petroleras privadas que operaban los campos de crudo.
Ahora, estas compañías entregan el crudo a la estatal Petroamazonas y luego esta entidad lo transfiere a Petroecuador para que se encargue de su transporte, refinación y comercialización.
En promedio, Petroecuador transporta alrededor de 3,5 millones de barriles mensuales de petróleo. Esto representa, en promedio, el 30% de la producción petrolera.
El resto se lo hace a través del Sote, que es de propiedad del Estado. Para dirimir este tema, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables se pronunció también hace dos meses, insistió OCP Ecuador.
Incluso este Ministerio, que tiene también un contrato con OCP Ecuador, ha respetado la tarifa de USD 2, dijo la firma. Pese a esto, Petroecuador acumula una deuda que ya suma USD 18 millones a la firma OCP Ecuador.
Ante esta situación, OCP Ecuador ha requerido a Petroecuador a través de múltiples comunicaciones que se respete el contrato firmado.
La empresa privada recordó que este instrumento incluye mecanismos de solución de controversias en el evento de que las partes no lleguen a un acuerdo sobre la diferencia.
El analista petrolero Miguel Robalino expresó que las dos partes deberían revisar el contrato suscrito y resolver esta controversia, porque al tratarse de una actividad estratégica no se puede parar el bombeo ni el transporte de hidrocarburo del país.
Este Diario solicitó información a la estatal Petroecuador sobre su posición sobre la controversia y las posibles salidas, pero hasta el cierre de esta edición la empresa estatal no emitió un pronunciamiento.
Fuente: El Comercio – Nota original : LINK
