El 10 de septiembre concluyó el plazo de 30 días que dio el CNE a Justicia Social, Fuerza Compromiso Social (FCS), Libertad es Pueblo y Juntos Podemos para revisar sus pruebas de descargo, frente a las conclusiones de una auditoría de la Contraloría que determina que inclumplieron con el número de firmas para adquirir su inscripción en el Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas.
La decisión prevé tomarla el pleno el 17 de septiembre (fecha de la convocatoria oficial a las urnas para el 7 de febrero), y no se descarta que se resuelva horas antes.
Como parte de su defensa, los sujetos políticos pidieron que la Contraloría entregue al Consejo detalles de los exámenes en los que se determina que las firmas son inválidas. Según se informó, el órgano de control sí remitió estos documentos, que tienen el carácter de reservado.
La presidenta del Consejo, Diana Atamaint, adelantó en una rueda de prensa del 11 de septiembre lo que podría ser el futuro de sus candidatos.
“Ellos no pierden sus derechos de participación política, esto tiene que ver con la situación jurídica de la organización. A no ser que cualquier adherente tenga un impedimento legal para ser candidato o no cumpla con los requisitos. Esto no tiene que ver con los candidatos, sino con las organizaciones políticas por las observaciones que se hacen desde la Contraloría”, acentuó.
Las cuatro agrupaciones proclamaron candidatos durante la etapa de democracia interna. Y entre sus precandidatos presidenciales, Justicia Social eligió a Fabricio Correa; Libertad es Pueblo, a Esteban Quirola; Juntos Podemos irá con Paúl Carrasco.
Y FCS, que promueve en alianza con Centro Democrático (CD) a Andrés Arauz. Valiéndose de ello, el movimiento se anticipó a la resolución final.
En el acta de suscripción de la alianza electoral, que fue aprobada por la mayoría del pleno del Consejo, se incluyó una disposición transitoria para que en el caso de presentarse un imprevisto, “la organización remanente” asuma la participación de los candidatos. Es decir, Centro Democrático tendrá a su cargo las candidaturas de FCS, cuyos rostros pertenecen a los disidentes de Alianza PAIS (AP), afines al expresidente Rafael Correa.
Dentro del organismo electoral hay incertidumbre sobre el tema, aunque prefieren no adelantar criterios.
Extraoficialmente se discute, por ejemplo, que si uno de los candidatos es inscrito bajo cuál organización política se sellará su participación en la papeleta electoral.
Esto en el contexto de que los representantes de dichos movimientos acudirán hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para impugnar lo que resuelva el CNE, en el caso que les sea desfavorable.
Y, hasta que el litigio tenga una sentencia del TCE, los candidatos se habrán inscrito y no se podría afectar sus derechos de participación.
A esto se añade que está en trámite de la Corte Constitucional (CC) una acción de dirimencia de competencias, impulsada por el contralor del Estado, Pablo Celi, en contra del TCE.
La autoridad acudió hasta el máximo organismo de control constitucional, después de que Fernando Muñoz, juez del TCE, decidió tramitar una denuncia planteada por Vanessa Freire, presidenta de FCS, en la que busca que se destituya al contralor por infracción grave, acusándolo de interferir en el proceso electoral.
En cambio, la Contraloría alega que Muñoz admitió “de manera insólita” el recurso fuera de los plazos que establece el reglamento de Trámites del Tribunal, y que convocó a una audiencia oral de prueba y alegatos el 10 de julio, “desconociendo la presunción de legitimidad de sus operaciones y actividades”.
“Se afectó la competencia contencioso-administrativa, que prevé que las decisiones de la Contraloría solamente serán susceptibles de impugnación ante los tribunales distritales de lo contencioso administrativo. Se demuestra la errónea actuación del juez contencioso electoral al no inadmitir la denuncia por caducidad e incompetencia del órgano jurisdiccional que él representa. (…) Se evidencia un indudable conflicto de competencias”, cita la demanda suscrita por Celi.
Muñoz decidió suspender el plazo para resolver la causa de Freire hasta que la Corte Constitucional “determine si la admisión de la acción de dirimencia suspende la competencia del Tribunal Contencioso Electoral, para emitir sentencia”.
Nota Original: El Universo – LINK
