El Ministerio de Finanzas objetó el presupuesto de $114,3 millones que aprobó el Consejo para organizar los comicios y convocó a mesas técnicas para evaluar una reducción.
Hasta ayer no había resultados. El consejero José Cabrera reclamó que desde el lunes último los delegados de Finanzas “desaparecieron”.
“No contestan los teléfonos y no hacen la asignación presupuestaria. Entonces no podemos contratar gente, los equipos necesarios, el proceso empieza a tener retrasos”, reconoció el vocal.
Hoy se convocará oficialmente a 13 099 150 ecuatorianos a votar, y mañana empieza la etapa de inscripción de candidaturas que podrá hacerse de forma presencial o en la plataforma virtual del CNE.
Pero tampoco se ha designado a los miembros de las Juntas Provinciales Electorales (JPE), quienes deben tramitar las inscripciones, pues no hay las partidas presupuestarias para contratarlos. Son 72 miembros a nivel nacional que deben elegirse, más las del exterior.
Según Cabrera, la falta de recursos está “afectando en todas las áreas” técnicas.
En este contexto, los tres consejeros extinguieron a cuatro movimientos políticos.
Después de seis meses de aislamiento por la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, los consejeros retomaron los plenos presenciales a los que acudieron Cabrera, Diana Atamaint y Esthela Acero. Enrique Pita y Luis Verdesoto no estuvieron presentes.
Con los tres votos se resolvió extinguir del Registro Permanente de Organizaciones Políticas a Juntos Podemos, Libertad es Pueblo, Justicia Social y Fuerza Compromiso Social (FCS).
Con su decisión se acogieron las recomendaciones de la Contraloría General, que en una auditoría de agosto del 2019 detectó que estos grupos no cumplían con el 1,5 % de firmas que ordena la Constitución para mantener su inscripción, pues se reportaron inconsistencias.
Los tres reconocieron que las recomendaciones del organismo de control «son de obligatorio cumplimiento». Y Atamaint agregó que el área de Tecnología del Consejo «cruzó la base de datos entregada en la etapa de prueba, que demostró las aseveraciones de la Contraloría».
No obstante, se abre un nuevo litigio legal respecto a qué pasará con los candidatos de estas organizaciones.
Mientras esta decisión esté en firme y no sea apelada ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) el registro contaría con 19 organizaciones habilitadas para postular candidatos para estas elecciones.
FCS se anticipó a este suceso, y en la alianza que realizó con Centro Democrático (CD) incluyó una disposición transitoria para que en el caso de que se viera impedida de ejercer sus atribuciones, la organización «remanente» ejecute el acuerdo. Es decir, que CD pueda cobijar las candidaturas de los seguidores de Rafael Correa, como del precandidato a presidente de la República Andrés Arauz.
Según la presidenta del Consejo, Diana Atamaint, los precandidatos «no han perdido sus derechos políticos», pero analizarán «si califican o no las candidaturas».
Entre estas, las de los binomios presidenciales de Juntos Podemos que postuló a Paúl Carrasco; de Justicia Social con Fabricio Correa; y las de Libertad es Pueblo. Aunque en las últimas horas se decidió expulsar «para siempre» a Esteban Quirola y quitarle la precandidatura, después de que «descubrieron» que pretendía vincular al «correísmo» a sus filas.
Los cuatro movimientos podrán acudir al Tribunal para apelar la resolución del CNE. No obstante, la Corte Constitucional tramita una acción de dirimencia de competencias planteada por el contralor Pablo Celi, después de que el juez electoral Fernando Muñoz admitió a trámite un recurso de infracción grave en su contra planteado por FCS.
Para el vicepresidente Pita, los candidatos de estos grupos no deberían ser admitidos, pues no hay una organización que los acoja.
Además, está pendiente que se resuelva la predeterminación de destitución del cargo de los tres consejeros porque en enero pasado resolvieron mantener la personería a los cuatro grupos, pese a la existencia de su recomendación.
Así camina el Consejo a las elecciones, a lo que suman profundas diferencias entre sus cinco vocales. Cabrera prefiere no pronunciarse, mientras Pita considera que lo que hay son «conflictos por visiones».
Finalmente, los tres consejeros aprobaron ayer el límite del gasto electoral, que son los recursos privados que ingresan a las agrupaciones para la promoción de los candidatos en los 45 días de campaña electoral.
Para los binomios presidenciales, este rubro asciende a $5,2 millones; para asambleístas nacionales, $3 millones; para parlamentarios andinos $130 000; y, en el caso de los asambleístas provinciales dependerá del número de electores en cada jurisdicción.
Nota Original: El Universo – LINK
