Jacobo Bucaram Pulley deberá ser trasladado a la cárcel de Latacunga (Cotopaxi), según dispuso el juez Ronald Guerrero de la Unidad Judicial Penal Norte de Guayaquil este 26 de septiembre, dentro de la investigación por el delito de asociación ilícita, por la presunta venta irregular de insumos médicos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
El magistrado fijó también fecha para la audiencia de reformulación de cargos, solicitada por la fiscal Claudia Romero, de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, pues se habrían encontrado nuevos elementos durante la etapa de instrucción fiscal para investigar el delito de delincuencia organizada.
La Fiscalía, al conocer de la detención y expulsión de Bucaram Pulley de Colombia, y de ser traído al Ecuador, solicitó que sea trasladado hasta el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, para evitar poner en riesgo su vida.
La jueza que dispuso la instrucción fiscal, Gianella Noristz dispuso su ingreso a la Penitenciaría de Guayaquil, pero después de la muerte del israelí Shy Dahan, solicitan que se lo lleve a Latacunga para evitar poner en peligro su integridad física.
En tanto, Bucaram Pulley está a la espera en la Unidad de Flagrancia de Quito, a que se realice una audiencia de vinculación al proceso de delincuencia organizada, en el que está investigado su padre, Abdalá Bucaram Ortiz y tres agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, por la presunta venta irregular de insumos médicos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Jacobo Bucaram se encontraba en Medellín (Colombia), pero fue expulsado de ese territorio la tarde del viernes y llegó al aeropuerto de Tababela en Quito, a las 21:40.
Después de evaluaciones médicas y procedimientos legales fue trasladado a eso de la 01:00 de la madrugada de este sábado a la Unidad de Flagrancia en la capital, donde está retenido.
Su abogado, Christian Romero explicó a periodistas esta mañana, que tenía conocimiento de que se realizaría una audiencia para vincularlo al proceso de investigación por delincuencia organizada.
Detalló que se tomó la versión a su defendido, quien había relatado que desconoce las razones por las que lo llamaban a rendir versión y de por qué se lo pretendía vincular al caso, ya que no conoce a los agentes de tránsito u otros involucrados, excepto a su padre.
«No sabemos la situación jurídica que vaya a tomar la Fiscalía», dijo Romero, pero presumía que la diligencia sería para vincularlo a la investigación mencionada, porque observó el ingreso hasta la unidad judicial de la fiscal a cargo del caso, Ana Lucía Cevallos Ballesteros.
Romero cuestionó que su defendido se encontraba en un calabozo de la Unidad de Aseguramiento Provisional, sin que se haya definido cuál es situación legal.
«Siendo las 14:00 de este 26 de septiembre, no se resuelve la situación jurídica de mi patrocinado. No ha sido puesto a órdenes de autoridad competente. Él tiene órdenes de prisión preventiva, medidas cautelares dentro de la investigación por los delitos de tráfico de bienes patrimoniales y asociación ilícita que están en Guayaquil. Se lo mantiene incomunicado y en un calabozo. Ya es hora que respeten los derechos de mi patrocinado», señaló Romero, para quien este proceso se trataría de una «persecución política».
La diligencia de vinculación por delincuencia organizada se instalará a las 17:30 en el Complejo Judicial Norte de Quito, a donde fue llevado Jacobo Bucaram hace pocos minutos.
Irregularidades en el IESS
Hay expectativa por la situación legal de Bucaram Pulley, ya que en la ciudad de Guayaquil es requerido en dos procesos penales por asociación ilícita, relacionado con la venta irregular de insumos médicos a hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); y por tráfico de bienes patrimoniales, causa en la que también es investigado su padre Bucaram Ortiz.
Por el delito de delincuencia organizada es procesado en Quito el expresidente Bucaram y los agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito: Leandro B., Samuel S. y Clever A.
En este último caso, la Fiscalía señaló que los cuatro procesados conformaron un «grupo estructurado para planificar actividades delictivas» en Quito y Guayaquil, entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.
Una de estas actividades ilícitas a las que se dedicaban, según explicó Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos en la que se abrió una instrucción fiscal de 90 días, fue la obtención de beneficios económicos, varios de ellos en el contexto de la comercialización de pruebas para COVID-19 y de mascarillas.
Para la Fiscalía, existiría el delito de delincuencia organizada debido a que se habrían detectado una serie de delitos que se están investigando e irían desde enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público, evasión tributaria, hasta delitos contra la vida.
Fuente: El Universo – Nota Original: LINK
