El Ministerio de Finanzas contratará una auditoría forense extrajera para que continúe con la investigación a fin de recuperar un estimado de más de $300 millones y para establecer responsabilidades.
Además, el comandante general de la Policía, Patricio Carrillo hizo un llamado para que los ocho procesos sobre el caso: seis demandas penales y dos civiles, que se encuentran en diferentes fiscalías de Quito y Guayaquil, sean acumulados en un solo proceso para que se pueda realizar una mejor defensa y se facilite la cooperación penal internacional.
Romo señaló que Decevale ha cometido varias infracciones. Firmó un contrato para custodia y administración con Ibercorp en enero del 2003, pero resulta que Ibcorp se creó en el 2006. «Creemos que Decevale está forjando documentos para tratar de explicar lo que ha hecho y, además, para evadir responsabilidades», agregó.
Ayer, Decevale informó que los bonos del Isspol no están en Decevale, sino en un custodio que contrataron en La Florida, se trata de ICS. Sin embargo, el Institutional Custody Services LLC (ICS) está suspendido hace dos años. Además, se encontró que el nombre que consta para la entrega de la correspondencia a esta compañía es Jorge Chérrez.
«El propio custodio, encargado de los valores que negoció el Isspol, a través de este señor, es el señor Chérrez. Decevale se prestó para hacer u ocultar estas operaciones, estas negociaciones que hicieron Chérrez y el general David Proaño», explicó Romo. Proaño está en servicio activo y, al momento, existe un proceso disciplinario en su contra al interior de la Policía.
Otra irregularidad: Decevale recibió de Chérrez $19 millones, que tenía que pagarle en efectivo el Isspol, en papeles. Transacción que se hizo con un documento sin nombres ni firmas de responsabilidad del representante legal del Isspol. Este documento fue enviado como anexo en un correo electrónico por el «señor Valverde que trabaja en el Instituto y es uno de los contactos del señor Chérrez».
También ayer, Decevale dijo que no tiene ninguna responsabilidad porque quien firmó todos los contratos fue su operativo, Luis Álvarez, a título personal.
Álvarez, que salió del país el pasado 29 de septiembre, ha trabajo 18 años tanto en Decevale como en la Bolsa de Valores de Guayaquil. Al igual que todos los directivos de Decevale, que coinciden exactamente con los de la Bolsa de Valores de Guayaquil.
Romo manifestó que es «inaceptable» el argumento de Decevale de que sus directivos no sabían nada de estas operaciones y que los primeros que tendrán que asumir responsabilidades en este caso son: Decevale, Chérrez y Proaño.
Respecto a los vínculos con las superintendencias de Bancos y Compañía, la ministra expresó que, hasta hace tres semanas la hija del hasta ayer intendente de Valores, Carlos Murillo, trabajaba en el despacho del abogado Rodolfo Kronfle, presidente de la Bolsa de Valores y de Decevale.
Y, en el caso de la gerente de la Bolsa de Valores y gerente administrativa de Decevale, Oriana Rumbea, su hijo, de apellido Durán Rumbea, hasta hace un par de semanas, trabajó en la Dirección de Registro de Valores de la Intendencia de Valores de la Superintendencia de Compañías.
Además, el esposo de Rumbea es gerente de Citadel, casa de valores que también está intervenida y que habría realizado la operación swap en la que el Isspol invirtió $327 millones, en diciembre de 2015, según Romo.
Una vez que Decevale sea liquidada, Depósitos Centralizados de Valores (DCV) del Banco Central del Ecuador (BCE) tendría la competencia legal y operativa para hacerse cargo.
Nota Original: El Universo – LINK
