Este organismo de la sociedad civil está conformado por integrantes de la Asociación de Personas con Discapacidad del Guayas (Asodisg).
«El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el marco de todo lo establecido en el Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, procedió al registro, capacitación y acreditación de la veeduría ciudadana para verificar si los trámites de exoneración tributaria de vehículos realizados en el periodo entre enero de 2018 hasta julio del 2020, en la provincia de Guayas, bajo el régimen especial tributario por discapacidad, se efectuaron observando el respectivo protocolo y la información contrastada expedida por el Ministerio de Salud por parte del Senae», se detalla en una comunicación del Cpccs, con fecha de este martes 27 de octubre.
En medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 salió a la luz la masiva importación de vehículos con uno los beneficios que trae consigo el carné de discapacidad. La Fiscalía investiga si los beneficiarios de esos carnés tienen realmente la discapacidad. Entre las personas que importaron vehículos de alta gama al país constan Daniel Salcedo y varios amigos, quienes son investigados por supuestas irregularidades en la compra de insumos médicos por parte de instituciones públicas.
El 22 de julio pasado, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo que unos 22 funcionarios del Ministerio de Salud emitieron de manera fraudulenta 2.454 carnés de discapacidad, de ese grupo 210 se entregaron durante la emergencia sanitaria, en una comparecencia ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional.
La veeduría ciudadana funcionará por un periodo de ocho meses. Sus integrantes son: Édgar León, Juan Boni, Lorena Villacís, Abel León, Norys Meza, Ricardo Sánchez, Gonzalo Paredes, Mayra Santos, Christian León y Milton Alejandro.
«Sobre el acceso a la información pública es obligación de las instituciones públicas y privadas que manejan fondos públicos o presten servicios públicos, garantizar el acceso a la información que la veeduría requiera para cumplir su objeto; en tal sentido, la veeduría tendrá pleno acceso a toda información conforme la legislación vigente para el efecto; su incumplimiento derivará en las acciones legales pertinentes de ser el caso», se enfatiza en la notificación del Cpccs enviada a varias instituciones relacionadas con el tema de la importación de vehículos y el uso del carné de discapacidad.
Nota Original: El Universo – LINK
