Así lo anunció en rueda de prensa el procurador general Iñigo Salvador, quien aseguró que con la presentación de esta petición se ha cumplido el primer paso en la recuperación de activos del caso.
Salvador recordó que la sentencia de este causa se ejecutorió el 18 de septiembre pasado y en ella se establecía 30 días para que los condenados cumplan con el deber de resarcir al Estado por los daños a el causados.
Esos 30 días vencieron el jueves último 5 de septiembre, por lo que este viernes fue el primer día hábil para presentar la petición de ejecución de la sentencia o como dijo el procurador Salvador en estricto sentido se conoce como una demanda de ejecución de la sentencia en el caso Sobornos.
Esta petición de ejecución fue presentada ante el Tribunal de Juzgamiento de la CNJ del caso Sobornos, que es el competente para conocer la solicitud.
En este caso los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas, fueron sentenciados a ocho años de cárcel como autores mediatos por instigación. La misma pena recibieron como coautores Alexis Mera, exsecretario Jurídico, los exministros María Duarte, Vinicio Alvarado, Walter Solís, el exlegislador Christian Viteri y la asambleísta Viviana Bonilla; y nueve empresarios acusados de autores directos.
La exasistente Laura Terán y el empresario Alberto Hidalgo, vistos para la reparación integral como cómplices, recibieron un menor tempo de cárcel, así como también la exasesora Pamela Martínez, quien junto a Terán fueron cooperadoras eficaces.
La PGE concretamente lo que ha pedido al Tribunal es que se verifique si alguno de los condenados ha pagado ya la suma que le corresponde por concepto de indemnización al Estado ecuatoriano. Pese a no dar nombres, Salvador indicó que hasta donde conoce solo uno de los 20 sentenciado ha pagado el monto económico definido en la sentencia como reparación.
Según la sentencia condenatoria, esas sumas fueron de $ 778 mil para los autores mediatos, directos y coautores y $ 368 mil en el caso de los cómplices.
«Es lo primero que tendrá que verificar el Tribunal y una vez determinado si alguno de ellos ha pagado y otros no tendrá que proceder al cobro de estas indemnizaciones a aquellos que no hubieran pagado», apuntó Salvador.
Para que el Tribunal tenga una información más concreta de los bienes y cuentas que poseen los sentenciados, la PGE proporcionó al Tribunal de Juicio la información recabada en estos 30 días.
Explicó que al no existir un sistema centralizado de bienes inmuebles la Procuraduría acudió a los registros de la propiedad de los principales cantones del país, fundamentalmente de aquellos en los que los condenados tienen sus domicilios. Muchos de esos cantones han proporcionado información que ha sido trasladada al Tribunal.
Nota Original: El Universo – LINK
