La asignación de este rubro está atada a la decisión del Ministerio de Finanzas, que en los últimos días resolvió reducir el Presupuesto Operativo Electoral (POE) en $ 31,3 millones.
Es decir, de los $ 114,3 millones que aprobó el CNE para organizar el proceso electoral, el Gobierno lo replanteó y lo disminuyó en $ 83 millones, aunque esto no ha sido aprobado por el pleno.
Las reformas al Plan de Tecnologías de la Información y Comunicación (Petic) se aprobaron por unanimidad el 23 de octubre, y se impusieron dos plazos para constatar los avances en el funcionamiento del Sistema Informático de Escrutinio y Resultados (SIER) y del Sistema Electoral de Transmisión y Publicación de Actas y Resultados (Setpar).
El 30 de noviembre y el 30 de diciembre verificarán los primeros avances, para que el 31 de enero de 2021 “estén funcionando al 100 %”.
Esto, tomando en cuenta que el primer simulacro se efectuará el 17 de enero, fecha en la que se realizarán pruebas para determinar el soporte de carga, descarga y estrés del sistema.
El propósito es tener optimizados los servidores, y para ello se han planteado dos opciones, que dependerán de la asignación de los montos económicos.
La primera es contar con los equipos hasta el 28 de diciembre y “ponerlos a punto una semana antes del primer simulacro”, se señala en el plan.
Esta opción contempla contar con 35 servidores, de los que 25 se enviarán a las provincias y se tendrán 25 antiguos como respaldo ante alguna contingencia.
Los diez restantes se quedarán en el CNE matriz, para que permitan resguardar la información por los siguientes siete años, y así cumplir una de las recomendaciones de la Contraloría del Estado, respecto de la auditoría a sus sistemas de escrutinios.
El diagnóstico interno señala que los equipos con los que cuentan actualmente dejaron de comercializarse en el 2016 y tienen soporte técnico y repuestos por cinco años, que se cumplen en este 2021.
A lo que se suma que tienen cinco softwares o sistemas operativos que no cuentan con los soportes del fabricante.
En caso de que no se asignen recursos, la segunda opción es utilizar la infraestructura actual y enviar a provincias 50 servidores cambiando sus fuentes de poder, ventiladores y discos duros para garantizar su funcionamiento.
Además, entre las once reformas que se hicieron a este plan, está la de diseñar una arquitectura de mejoramiento para que la ciudadanía pueda observar en tiempo real los resultados electorales.
Entre estas están la publicación en la página web, a través de Facebook Live, y aplicaciones móviles disponibles para Android e IOS.
Pero a pesar de las innovaciones tecnológicas que se proponen, el CNE reconoce que enfrentan falencias operativas como no contar con un centro de datos alterno, pues el centro principal que está en su oficina matriz se implementó en el 2013 y tiene “ocho años” en funcionamiento.
La necesidad de este centro de datos se justifica por el incremento del ‘tráfico’ en internet de usuarios que quieren conocer los resultados, y porque los servicios de internet y enlaces “no son suficientes para cubrir los requerimientos del proceso electoral”.
Los datos revelan que en los comicios generales del 2017 el tráfico de usuarios alcanzó el 1’431.916; en la consulta popular del 2018 fue de 671.486; y, en las elecciones seccionales del 2019 llegó a los 5’690.517.
Para las votaciones del 7 de febrero se espera que ese número de usuarios que ingresen a sus sistemas “se incremente considerablemente”.
El Consejo aspira a cumplir con diez proyectos de innovación para sus plataformas, para lo que se requiere un presupuesto de $ 8’047.875, según el plan aprobado.
Aunque los consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoso, pese a que aprobaron la actualización del Petic, observaron que el costo se incrementó de $ 6’400.000 (expuestos en un primer plan) a $ 9’561.624 sin que se lo haya justificado.
En todo caso, los costos más altos serían en la adquisición de equipos de tecnología para el reforzamiento de la infraestructura por $ 2’800.000; el servicio de alquiler de un centro de datos alterno por $ 1’008.000; un centro de monitoreo por $1’601.415; la renovación de licencias de seguridad por $ 950.000, entre otros ítems.
Por el momento, se inició la contratación de una póliza de actualizaciones y soporte técnico de un sistema denominado Gobierno Electoral por Resultados (GEPR), que se adjudicó a la empresa Andes Consultores (Andestrategia S. A.) por $ 8.000.
Nota Original: El Universo – LINK
