Una vez que el CNE definió que la Consulta popular para prohibir la explotación minera metálica a gran escala en zonas de recarga hídrica se realizará el próximo 7 de febrero, el mismo día de la primera vuelta electoral, las autoridades locales sienten un alivio, especialmente económico.
El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, aseguró que si la Consulta aprobada por la Corte Constitucional se realizaba en una fecha diferente a la de las próximas elecciones el costo hubiera sido de “millones de dólares”, pero ahora no pasará de los $130.000 o $140.000.
Este monto, según detalló el gerente general de la Empresa Municipal de Agua Potable (ETAPA), José Luis Espinoza, será únicamente para imprimir las papeletas, pues el resto de la organización estará a cargo del CNE.
Legalmente ni el Municipio ni ETAPA podrán hacer una campaña por el Sí o No, por tratarse de instituciones públicas. Sin embargo, Espinoza aseguró que ellos intensificarán la difusión de los planes y proyectos que desarrollan desde hace varias décadas para conservar limpias de cualquier actividad las fuentes de agua.
Mientras que el Alcalde acotó que avanzarán con la creación de las áreas sostenibles, del desarrollo del Plan De Desarrollo Territorial (PDOT) y los Planes De Uso y Gestión Del Suelo (PUCS). Con todos estos elementos cree que tendrán una “rotunda victoria”.
Pero el presidente de la Cámara de Minería del Azuay, Patricio Vargas, considera que, aunque en la consulta gane el Sí, lo preocupante “es lo que no se le dice a ciudadanía”, y es que cualquier resultado “ni va a incidir en los proyectos que están en marcha ni en las áreas ya concesionadas”, pues todo será a futuro y en eventuales proyectos que sean otorgados por el Estado ecuatoriano.
Esto incluye al proyecto Río Blanco ubicado entre las parroquias rurales Molleturo y Chaucha que está paralizado desde agosto del 2018 por un fallo judicial, pero que según Vargas ya están iniciando un reclamo internacional en el que pedirán “no menos de $480.000 como compensación”.
En los últimos días en la ciudad se generó un debate por la presencia de supuestos mineros ilegales en el proyecto Río Blanco. Vargas asegura que es así porque algunos moradores les han contado que “hay gente sacando material”, pero no utilizando la puerta principal de la bocamina, sino por otros caminos clandestinos.
De este tema el alcalde Pedro Palacios no desecha del todo esta posibilidad, pero aclaró que “hasta donde se nos ha informado algunas personas pretendían ingresar a la zona. De que haya algún proceso de extraer y comercializar no”.
Sobre el desarrollo de la Consulta se pidió información a la Delegación provincial del Consejo Nacional Electoral, pero se informó que aún no les llega el reglamento desde Quito, pero se espera que sea en el transcurso de las horas.
La pregunta aprobada por el Tribunal Contencioso Electoral y que deberán responder los 435.963 cuencanos empadronados es: “¿Está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tarqui, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca – ETAPA EP? Sí o No”.
Las cuatro preguntas restantes tienen el mismo contenido, pero con una diferente zona de delimitación cambiando el nombre de los ríos por el Yanuncay, Machángara, Tomebamba y Norcay.
Nota Original: El Universo – LINK
