Este 2 de enero del 2020, la Corte Constitucional dictaminó inconstitucional el Decreto Ejecutivo 1217 en el que se declaró estado de excepción. Según el abogado constitucionalista, Ismael Quintana, el Máximo Órgano de Administración de Justicia había advertido al presidente, Lenín Moreno, de la incapacidad de imponer dicha disposición fundamentada en calamidad de salud nuevamente.

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En NotiMundo Al Día, Ismael Quintana, abogado constitucionalista, manifestó que el presidente Moreno, en este momento, se encuentra con las «manos atadas» en relación al manejo de la pandemia de COVID-19. Explicó que el primer mandatario ya no podrá decretar un nuevo estado de excepción y añadió que si en el futuro quisiera usar esta herramienta jurídica deberá emplear otros argumentos que justifiquen la aplicación de medidas extraordinarias que limiten los derechos de movilización y reunión de los ciudadanos.

Por otro lado, Quintana señaló que el tiempo que se tomó la Corte Constitucional en hacer público el dictamen se encuentra dentro de las facultades jurídicas normales. Afirmó que de acuerdo al artículo 92 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al tratarse de la suscripción de votos salvados, en este caso de dos magistrados, pueden tomar al rededor de entre 5 a 10 días, a partir de la adopción de la decisión. Es decir, que el decreto de inconstitucionalidad estaba en fase de remisión desde el 27 de diciembre del 2020 hasta el 2 de enero del 2021, en el que se hizo público. Sin embargo, agregó que «políticamente hablando» esta decisión fue tardía, por lo que las medidas y sanciones ya se habían efectuado durante el Feriado de Año Nuevo.

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