La audiencia de vinculación fue solicitada por la fiscal general Diana Salazar, a inicios de mayo, en la causa que analiza el delito de delincuencia organizada. El pedido llegó una vez que se habrían encontrado dentro de la etapa de instrucción fiscal que mantiene abierto el caso elementos que le hacen presumir a la Fiscalía la participación de las cinco personas a las que se busca vincular.
La lista de nombres de las personas a quienes la fiscal Salazar formulará cargos la encabeza el exgerente Flores, su padre Marco Flores Troncoso, y le siguen Roy Calero, Álvaro De Guzmán Pérez y Pedro Saona Roca. Estas cinco personas se sumarán a las nueve que ya están procesadas, entre ellas, el contralor (s) Pablo Celi; el exsecretario general de la Presidencia José Agusto Briones; Elsie Cueva, madre de Pablo Flores; y otras seis personas.
La Fiscalía investiga en este proceso penal una estructura que habría exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y la liberación del pago de planillas correspondientes a contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa Nolimit C.A., entre el 2017 y el 2020.
Desde la madrugada del 14 de abril último, el juez Córdova, además del contralor Celi y José Agusto Briones, ordenó prisión preventiva para Esteban Celi y Luis Agusto Briones, hermanos del contralor y el exsecretario, respectivamente; a Ángelo R., Andrés L. y Silvia L. Mientras, contra Cueva no emitió medida cautelar alguna y a Natalia Cárdenas, exasesora del exgerente Pablo Flores, se le emitió la medida cautelar de presentación periódica y uso de grillete electrónico.
A excepción de Silvia L., quien se encuentra internada en el Centro de Rehabilitación de Mujeres de Chillogallo, en el sur de Quito, los hermanos Celi, Agusto Briones y dos más permanecen en la denominada Cárcel 4, ubicada en el norte de la ciudad.
Justamente el jueves próximo se reinstalará la audiencia en la que se conocerá si el Tribunal de la CNJ da paso o no a la apelación a la orden de prisión preventiva que presentaron los siete procesados.
La vinculación generará automáticamente que a la etapa de instrucción fiscal se le sumen 30 días más de investigación, es decir, de los 90 días inicialmente señalados pasará a tener la instrucción fiscal 120 días.
Nota Original: El Universo – LINK
