Una recusación contra la jueza penal de Pichincha, María Elena Lara, es la razón por la que por tercera ocasión consecutiva se difiere la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra siete personas procesadas por el delito de delincuencia organizada, entre quienes están el expresidente Abdalá Bucaram Ortíz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley.

Créditos: El Universo

Justamente la recusación contra la jueza Lara llegó de parte de las defensas del exmandatario Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo. Pedidos de última hora hicieron que la audiencia que estaba dispuesta para el 13 y 14 de mayo pasados no se de y se fije como nueva fecha al sábado 22 y domingo 23 de mayo para que se realice la diligencia a partir de las 09:00.

En esa ocasión, en su providencia Lara advirtió a los sujetos procesales que esta será la “última ocasión” que difiere la instalación de la audiencia y que no se aceptará un nuevo diferimiento en el caso en el que se investiga un “grupo estructurado para planificar actividades delictivas” en Quito y Guayaquil, entre noviembre de 2019 y agosto de 2020, pues existen personas con órdenes de prisión preventiva.

Tanto Abdalá Bucaram Ortíz como Jacobo Bucaram Pulley alegaron en su demanda de recusación la causal establecida en el artículo 572, numeral 6, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que dice que entre las causas de excusa y recusación de los juzgadores está el “fallar en otra instancia y en el mismo proceso la cuestión que se ventila u otra conexa con ella”.

La jueza Lara ante la demanda explicó que al encontrarse inmersa dentro de una de las causas establecidas por las que se suspende su competencia y al haber sido citada legalmente, se aparta de seguir conociendo el caso. Dispuso que una vez ejecutoriado el presente auto se proceda a remitir el proceso a la Sala de Sorteos de la Unidad Judicial Penal Norte, en Quito, para que otro de los jueces penales continúe con la sustanciación de la causa por delincuencia organizada.

A más de Abdalá Bucaram y su hijo serán parte de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito , Leandro B., y los ciudadanos Bryan P., Verónica A., Isabel M. y el israelí Sheinman Oren.

Según la Fiscalía, una de las actividades ilícitas cometidas por la integrantes de esta estructura habría sido la obtención de beneficios económicos en el contexto de la comercialización de pruebas para la detección de Covid-19 y de mascarillas, en medio de la emergencia sanitaria que vivió el Ecuador en 2020.

El 15 de abril último, por pedido de las defensas del expresidente Bucaram y su hijo Jacobo, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio fue diferida y únicamente la jueza Lara instaló la audiencia para conocer los pedidos de procedimiento abreviado solicitados por los también exagentes de la AMT Samuel S. y Cléver A..

En esa audiencia los dos exagentes fueron sentenciados a cinco años de cárcel, luego de que consintieron expresamente tanto la aplicación del procedimiento abreviado como la admisión del hecho que se les atribuye. Además se les ordenó el pago de una multa de 15 salarios básicos unificados ($ 6.000).

Fuente: El Universo – Nota Original: LINK