“Espero en el proceso judicial a los señores jueces quienes salgan sorteados decirles aquí están nuestras pruebas de descargo. (…) Aquí no hay sobreprecio, no hay problemas de terminación unilateral del contrato porque la ley humanitaria así lo obliga, no hay un tema de baja sensibilidad porque ya se ha demostrado científicamente con pericias”.
Así se refirió la mañana del viernes 4 Jorge Yunda Machado, alcalde de Quito removido del cargo la madrugada del jueves último y uno de los procesados por el delito de peculado ocurrido en la compra realizada por la Secretaría de Salud de Quito de 100.000 pruebas PCR para la detección de COVID-19, a más de un mes de que recibió un llamado a juicio y aún no existe conformado un tribunal de juzgamiento dentro de la Corte Provincial de Pichincha.
Treinta y seis días exactamente han pasado desde que el juez y presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhaya, no solo llamó a juicio a Yunda, sino también a otras trece personas, entre quienes están la actual y el exsecretario de Salud del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), Ximena Abarca y Lenín Mantilla; Juan Alejandro Vinelli, gerente de la empresa Salumed S. A., con quien contrató el Municipio de Quito; y la ahora excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud Linda Guamán.
Durante la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, pidió que se llame a etapa de juzgamiento a Yunda en calidad de autor mediato; como autores directos del delito de peculado a Mantilla y Vinelli; mientras que a los restantes once procesados, entre quienes están Abarca y Guamán, se los llame a juicio como coautores del delito investigado.
Nicolás Salas, abogado de la secretaria Ximena Abarca, cree que el proceso ha estado demorado en lo que tiene que ver con el sorteo de los jueces de la Corte Provincial de Pichincha que deben asumir la etapa de juzgamiento. Recuerda que comúnmente estos procedimientos duran dos semanas o un poco más, pero ya ha pasado un mes del llamado a juicio que se dio en la causa.
“Sí es un poco preocupante el tema de la demora. Esperamos que todo se esté dando de manera adecuada, sin ningún cálculo político, sin ninguna finalidad de perjudicar a ninguna de las partes”, dijo.
Salas sostuvo que el hecho de que exista un personaje público como el alcalde Yunda, de alguna manera, incluso, contamina el caso por el tema de la política, más que por la figura en sí mismo.
“Nosotros defendemos que no existe delito respecto a nadie, pero más allá de eso el hecho de que el alcalde se encuentre ahí como uno de los procesados va a ser que este caso cobre mayor relevancia en los medios, en el aspecto político, y eso de alguna manera termina afectando a todos los procesados”, apuntó Salas.
Nota Original: El Universo – LINK
