La jueza de la Violencia contra la Niñez y la Familia, convertida en jueza constitucional, María Belén Domínguez, explicó que consideró que sí existió una vulneración porque la Comisión de Mesa, conformada por cuatro concejales, no separó a los mismos en la votación del pleno del Concejo Metropolitano. Por ello, decidió aceptar la acción de protección de manera parcial.
Los abogados defensores tanto del accionante (Jorge Yunda) como de los accionados apelaron de manera verbal sobre lo expuesto por la jueza por lo que se dará trámite a estos pedidos.
Además desde la Procuraduría General del Estado también se presentó una objeción.
En la exposición de la jueza María Belén Domínguez informó que tras haber denunciado que se vulneró a la seguridad jurídica aduciendo que la secretaria no fue la titular y eso iría en contra de la legalidad del proceso, es el TCE el organismo que analizará si se respetó o no el debido proceso.
La jueza también mencionó que se desechan los demás cargos -presentados por la defensa de Yunda- como la proporcionalidad o las garantías del debido proceso porque no le corresponde juzgar sobre esos temas.
La Comisión de Mesa estuvo conformada por el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, las concejalas Mónica Sandoval, Analía Ledesma y el concejal Fernando Morales.
La defensa de Yunda denunció -el pasado viernes 25 de junio- que no se atendió el pedido de recusación en contra del vicealcalde Santiago Guarderas, de manera legal en el seno del Concejo. También denunciaron que en el proceso de remoción existió vulneración a la seguridad jurídica y respeto al debido proceso.
Sin embargo, la defensa de los accionados respaldó su tesis en que el pedido de recusación fue presidido en sesión por el mismo alcalde y que el proceso de remoción cumplió con lo establecido en la normativa.
Por esto, la jueza decidió desechar este cargo.
El cuerpo edilicio aprobó la remoción del alcalde Jorge Yunda el pasado 3 de junio con 14 votos a favor, seis abstenciones y un voto en contra.
Sobre el cumplimiento de formalidades y procedimientos durante el proceso de remoción, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se encuentra analizando el expediente y el viernes 2 de julio se cumplen los diez días laborables para que emita un dictamen.
El organismo decidirá si se ratifica o anula la remoción del alcalde de Quito a poco más de dos años del inicio de su administración. Esta será su última instancia legal para intentar seguir en su cargo, aunque, Yunda ha declarado que también acudirá a instancias internacionales de ser necesario.
Nota Original: El Universo – LINK
