El llamado a juicio lo emitió el 30 de abril pasado el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhaya, y el 15 de junio último, por sorteo, los jueces Wilson Lema (ponente), Fabián Fabara y Carlos Figueroa quedaron a cargo de la etapa de juzgamiento.
Tres días después, el 18 de junio, Figueroa presentó su excusa señalando que toda persona tiene el derecho a ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Además, su decisión estaba basada en que una de las causas de excusa es que el juzgador sea cónyuge, pareja en unión de hecho o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de alguna de las partes, de su representante legal, de su mandatario o de sus defensores.
Según Figueroa, su hija comparece como directora de Patrocinio de la Contraloría General del Estado al proceso penal que se le sigue al alcalde Jorge Yunda y eso genera una incompatibilidad con los principios constitucionales de imparcialidad, uniformidad y eficacia que rigen la administración de justicia.
Para garantizar el debido proceso, los jueces Lema y Fabara, el lunes último, aceptaron la excusa presentada por Carlos Figueroa, separándolo del conocimiento de la causa. Se ofició inmediatamente para que la Coordinación Administrativa de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha proceda al sorteo de un nuevo juez provincial que remplace legalmente al juez Figueroa.
Una vez se dé el sorteo y se complete el Tribunal, solo en ese momento se continuará con la sustanciación de la causa, es decir, se podría ya definir el día y la hora en la que los sujetos procesales le darán a conocer a los tres jueces las pruebas que mantienen para acusar o para rechazar las acusaciones.
Jorge Yunda fue llamado a juicio en calidad de autor mediato del delito de peculado; mientras que como autores directos están Lenín Mantilla, exsecretario de Salud del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), y Juan Alejandro Vinelli, gerente de la empresa Salumed S. A., con la que contrató el Municipio de Quito.
Los restantes once procesados, entre quienes están la actual secretaria de Salud del DMQ, Ximena Abarca, y la excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud, Linda Guamán, fueron acusados por el fiscal provincial de Pichincha Alberto Santillán como coautores de los hechos delictivos analizados.
El fiscal Santillán anunció que hará uso de al menos 200 testigos y peritos para demostrar la teoría de Fiscalía que señala desde una afectación económica a las arcas municipales hasta que se recibió un tipo de pruebas para detectar COVID-19 (RT-Lamp) cuando el contrato hablaba de otro tipo de pruebas (PCR-Polimerasa), con características distintas.
Paralelamente al tema judicial, Yunda mantiene pendiente una respuesta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), instancia en la que presentó una consulta sobre el proceso realizado por el Consejo Metropolitano de Quito que concluyó con su remoción del cargo de alcalde. Los integrantes del TCE se reunirán este viernes 2 de julio para resolver el pedido de Yunda.
Nota Original: El Universo – LINK
