Soria afirma tener las evidencias del delito que habría ocurrido y por el que pide a la Fiscalía investigue desde el presidente de la República anterior hasta el policía que participó en las acciones que llevaron a la detención de Ola Bini.
“La Fiscalía debe investigar a todas las personas que conllevaron al arresto ilegal y arbitrario de Ola Bini. (…) Será tarea de la Fiscalía determinar quiénes fueron los autores, cómplices y encubridores. Nosotros lo que hacemos es la denuncia del hecho en base a la evidencia que tenemos, evidencia documental certificada por la misma Policía Nacional”, apuntó este mediodía Soria.
La tarde del martes último, la jueza penal de Pichincha Yadira Proaño emitió un auto de llamamiento a juicio en contra de Bini por el delito de acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. El llamado a juicio de Proaño se conoció a más de seis meses de que se suspendió la audiencia de evaluación y preparatorio de juicio, el 16 de diciembre pasado.
La Fiscalía presentó 60 elementos de convicción que confirmaron la teoría de que el procesado habría accedido sin autorización ni consentimiento al sistema de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), con el objetivo de intentar obtener información del contenido digital de las plataformas de la Empresa Pública Petroecuador y de la entonces Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).
Al término de la audiencia, Soria dijo que no le sorprende la decisión de la jueza, pues, a su decir, en este caso se han cometido más de 100 violaciones al debido proceso. “Se inventaron evidencias en su contra y esas fueron utilizadas para detenerlo ilegalmente. (…) Lo que vemos es que la jueza Proaño sigue en su patrón de cometer injusticias y de violar los derechos humanos de Ola Bini. Todo esto tiene repercusiones, y sobre la base de lo que estamos presentando como fraude procesal la Fiscalía tiene que llegar hasta la últimas consecuencias”.
El 11 de abril del 2019, Bini fue detenido en el aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito, cuando se disponía a viajar a Japón. Ese mismo día, Ecuador anunciaba el retiro del asilo otorgado en el gobierno de Rafael Correa al fundador de Wikileaks, Julian Assange, y lo expulsó de la Embajada de Ecuador en Londres.
El Gobierno de Lenín Moreno, el cual incluía a María Paula Romo como ministra de Gobierno, acusó al sueco de formar parte de un plan para desestabilizar al régimen y por su cercanía con Assange.
Soria adelantó que próximamente iniciarán todas las acciones a nivel internacional para lo que él dice es “esclarecer y poner al descubierto a quienes estuvieron detrás de esta pantomima para poder justificar acciones que se hizo el Gobierno nacional en el anterior periodo”.
Informes periciales de informática forense y de audio y video; la Asistencia Penal Internacional requerida a los Estados Unidos, mediante la cual se extrajo información de uno de los dispositivos del procesado; además de versiones, oficios del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y de otras entidades públicas y privadas fueron los elementos de convicción presentados contra Bini por la Fiscalía.
El acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones está tipificado en el artículo 234 del Código Orgánico Integral Penal y se sanciona con pena de cárcel de tres a cinco años.
Nota Original: El Universo – LINK
